El Presidente crea dependencias que duplican roles de otras
Medina ha creado instancias con funciones similares a las de otras instituciones
Danilo Medina ha acentuado la duplicidad y el paralelismo en la administración pública, pues desde su ascenso al poder en 2012 ha creado seis entidades que compiten con otras ya existentes con iguales funciones. Todas están concentradas en la Presidencia.
Dentro de esta estrategia, el mandatario adscribe estas “nuevas dependencias” al Ministerio de la Presidencia, bajo la responsabilidad de uno de sus hombres de confianza, Gustavo Montalvo.
Comisión de Titulación Una de las primeras entidades que el mandatario conformó fue la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), creada mediante el Decreto 624-12, con la finalidad de formular, concertar y promover políticas y estrategias tendentes a materializar la solución del problema de la falta de titulación en la República Dominicana. Sin embargo, ya existían dos instituciones con estas funciones. Tal es la Dirección General del Catastro Nacional, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya misión principal es realizar el inventario de todos los bienes inmuebles del país en sus aspectos físicos, económicos y jurídicos.
También está la Dirección Nacional de Registro de Títulos, dependencia de la Jurisdicción Inmobiliaria, que se encarga de supervisar, coordinar y regular el funcionamiento de las 27 oficinas de registro de títulos en el país. En este sentido, conoce el recurso superior jerárquico contra las actuaciones de los Registradores de Títulos a nivel nacional.
Bienes Nacionales, del mismo modo, posee un departamento nacional de titulación.
URBE A través del Decreto 16-13, Medina declaró de alta prioridad la readecuación de los asentamientos humanos en La Barquita, zona de influencia del río Ozama, y vulnerable a sus desbordamiento.
Como seguimiento a ese mandato, el
siguiente año, mediante el decreto 20114, se creó la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita (URBE), se encargó de ejecutar las obras civiles: un complejo 1,787 apartamentos, escuela, liceo y estancia infantil incluida.
En ese caso, tampoco el Jefe de Estado tomó en cuenta la existencia del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) como el organismo creado mediante la Ley 5892 encargado dar solución al déficit habitacional en el país a través de la construcción de viviendas de interés social.
República Digital
El decreto 258-16 creó el programa República Digital adscrito al Ministerio de la Presidencia, para promover acciones de reducción de la brecha digital. Sin embargo esa facultad la poseía el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), a través de la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CNSIC), que quedó derogada por el citado decreto.
En las políticas farmacéuticas el caso es inverso. La Comisión Presidencial de Políticas Farmacéuticas existe desde el tercer gobierno de Leonel Fernández, pero en el 2015 mediante el decreto 82-15 se creó la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), dependencia del Ministerio de Salud Pública.
Medina también creó la Unidad Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia, mediante el decreto 10-17, que se encargará de coordinar y supervisar la implementación de los proyectos de reforestación. Esta unidad, también está bajo la sombrilla de la Presidencia de la República, y tiene como director de la Unidad Ejecutora a Rafael de Luna Pichirilo. Las funciones de esta Unidad también están establecidas en el Ministerio de Medio Ambiente.
Tradición centralista
Para el director del desaparecido Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), Tirso Mejía, la situación obedece a una tradición centralista de los gobiernos dominicanos y que se ha acentuado estrepitosamente en la administración actual. Considera que la falta de institucionalidad hace que la duplicidad de instituciones sea parte del “estilo de gobierno” creando un entramado burocrático donde “nadie es responsable de nada”.
“Centralizar todo, y al final el presidente deba tomar una decisión” acotó.
Sin embargo, Marcos Villamán, también ex director del Conare, considera la medida como una actitud de respuesta ante una necesidad específica. “Respuestas nuevas para las cuales las estructuras existentes no tienen condiciones”.
“En cierto momento habrá que tomar en cuenta el conjunto del Estado y continuar en el proceso de reformulación para hacerlo más ágil, más expedito en su capacidad de responder”, expuso.