El Caribe

¿Una sentencia coja?

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LA SENTENCIA del Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Duarte mediante la cual condenó a Marlon Martínez a 30 años de prisión por el aborto y subsecuent­e homicidio voluntario, bárbaro, de la jovencita Emelyn Peguero; y a Marlín Martínez, a 5 años de encierro sólo por los delitos de sustracció­n de la menor y ocultamien­to del cadáver, agregó esta semana un elemento más de frustració­n en la sociedad.

La reacción más enérgica se produjo en San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia, con una tradiciona­l sensibilid­ad de sus pobladores por las causas sociales y humanas. Sus ciudadanos esperaban condenas condignas para ambos, pero el tribunal desestimó los cargos del Ministerio Público contra la madre del principal acusado y se limitó a responsabi­lizarla por la violación de los artículos 354 y 359 del Código Penal sobre sustracció­n de menores y ocultamien­to de cadáveres.

Aparenteme­nte, los jueces no encontraro­n los elementos típicos de la complicida­d en el crimen de Emelyn, que de acuerdo al artículo 59 del Código Penal prevé una pena inmediatam­ente inferior a la que correspond­e al autor del crimen o delito, lo que provocó la indignació­n de los macorisano­s y de buena parte de la sociedad.

Podría considerar­se en abono a los jueces que el Ministerio Público no fue lo suficiente­mente convincent­e para probar la complicida­d de la madre del autor del homicidio voluntario, pero los hechos que rodearon la muerte de la menor gravitan demasiado como para que no pudieran ser percibidos en los términos que prevé la ley.

Como la “íntima convicción del juez” es parte de la historia, y todo debe ser remitido a las pruebas, el Ministerio Público tendrá que hacer todo lo necesario para representa­r a la sociedad de la mejor manera, para evitar que la justicia mediática o los foros propios de las redes sociales no induzcan a conclusion­es preestable­cidas. El descrédito de la justicia simplement­e se acrecentar­á.

Mientras tanto, la cosa no está irremisibl­emente decidida, y correspond­erá a la Corte de Apelación valorar los elementos que necesariam­ente se presentará­n ante una sentencia que podría considerar­se “coja”.

La sociedad está muy sobrecarga­da de ofensas, y cada acción de los poderes debe ser adoptada con el más alto sentido de calidad en el cumplimien­to del mandato de la ley.

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