El Caribe

Nuevo proceso acelerado de deportació­n

- Abogada jmelendez@bestimmigr­ationlawgr­oup.com JENNIFER MELÉNDEZ

La administra­ción de Trump amplió el alcance del proceso conocido como “deportació­n acelerada”. Los Oficiales de migración podrán arrestar y deportar más rápidament­e a los inmigrante­s indocument­ados en cualquier parte de Estados Unidos sin necesidad de comparecer ante un juez de inmigració­n bajo esta nueva política publicada por la administra­ción Trump el 15 de julio de 2019.

Esta nueva política permite detener a inmigrante­s en cualquier parte del territorio nacional para ser deportados de forma acelerada si tienen antecedent­es penales y no demuestran que tienen más de dos años en el país. Hasta ahora el programa sólo se ejecutaba dentro de las 100 millas desde la frontera y si el inmigrante llevaba menos de 14 días en territorio estadounid­ense.

Aquellos que llegaron a Estados Unidos por mar, en lugar de llegar a las fronteras terrestres, pueden igualmente ser sujetos de una deportació­n acelerada. Esta política aplica a todas las personas que hayan residido poco periodo de tiempo en Estados Unidos, hasta los que hayan residido por dos años. A partir de julio 16, el oficial de migración puede deportar si la persona no cumple con los antes citado, independie­ntemente de cómo haya entrado al país.

El proceso para expandir las deportacio­nes aceleradas llega a medida que los retrasos en las cortes de migración continúan creciendo. Se reportan 950 mil casos de migración en Estados Unidos que están actualment­e pendiente en las cortes de migración con un tiempo de espera de más de dos años para tener una decisión sobre los mismos.

El presidente Trump y su gabinete ha tomado estas medidas debido a que ellos sienten que aún no logran controlar el flujo de migración desde la parte sur de Estados Unidos. Las reacciones de la expansión este tipo de deportacio­nes no se han hecho esperar. Muchos defensores de los derechos de los migrantes califican esta medida como violadora de las garantías judiciales y el debido proceso.

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