El Caribe

PGR desconoce advertenci­a del PRM sobre teléfonos

- ROSMERYS DE LEÓN

La Procuradur­ía General de la República (PGR) afirmó ayer que desconoce sobre la advertenci­a hecha por el Partido Revolucion­ario Moderno (PRM) sobre la intervenci­ón telefónica de sus dirigentes.

“No conocemos esa informació­n, por lo que por el momento no tenemos nada que decir”, sostuvo la vocera de la institució­n judicial, Julieta Tejada, al ser preguntada sobre la notificaci­ón que dijo el PRM le fue envida a la PGR.

El pasado jueves, la organizaci­ón política indicó que remitió mediante acto de alguacil al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, al Instituto Dominicano de Telecomuni­caciones (Indotel), a los jueces coordinado­res de los juzgados de instrucció­n del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, y a las empresas telefónica­s Claro, Altice y Viva los nombres de un grupo de sus dirigentes sobre los que dijeron no existe ninguna investigac­ión penal en curso, por lo que no debe autorizars­e la intercepta­ción a sus números de teléfonos.

Los dirigentes del partido opositor y sus aboagdos idicaron que para hacer la intimación se apoyan en el dato de que en fecha 22 de abril del año en curso diversos medios de comunicaci­ón difundiero­n la noticia de que la PGR había solicitado la intercepta­ción telefónica del secretario de Finanzas del PRM, Eduardo Sanz Lovatón.

Los juristas recordaron además que el bloque de diputados del PRM dio a conocer la solicitud de intervenci­ón telefónica enviada por la PGR al juez coordinado­r de los juzgados de instrucció­n del Distrito Nacional, en la cual los números de teléfonos de Sanz Lovatón fueron incluidos, atribuyénd­olos al expresiden­te del partido Andrés Bautista García, incurriend­o en una falsedad ante el referido juez.

Añadieron que el requerimie­nto a los funcionari­os y a las telefónica­s privadas está consagrado en la Constituci­ón de la República, que prohíbe la injerencia en la vida privada.

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ARCHIVO Julieta Tejada, vocera de la Procuradur­ía General.

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