Temas electorales
Continuamos la publicación de una serie de artículos que recogen algunos aspectos del magisterio del Episcopado Dominicano sobre las elecciones y los principios del buen gobernar. En esta entrega compartimos con los lectores los siguientes tópicos, que tal vez respondan a la situación que ocupa al país actualmente.
Un gobierno será siempre tanto mejor cuanto más mejores servicios ofrezca y ofrecerá tantos más y mejores servicios cuento más servidores sean sus gobernantes. La avaricia, la ambición de poder y el orgullo son los peores enemigos del Gobernante.
Por Bien Común se entiende la suma de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr, con mayor plenitud y facilidad, su propia perfección. El Bien Común abarca todo el hombre, es decir tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu.
Sin una sabia y decidida acción del Poder Público en esta línea surgirán y crecerán las injustas desigualdades y desequilibrios, la paz huirá de la nación y la ruina nos amenazará sin remedio. Una política de Bien Común exige necesariamente que el desarrollo económico y el progreso social y la cultura avancen armónicamente y que tal avance sea simultánea en la cuidad y en el campo.
Gravísimo sería que la autoridad pública permitiese que uno sólo de los derechos humanos fuese pisoteado impunemente en una nación, pero mucho más grave aún es que sea ella misma la que, traicionando su función y abusando del poder que le ha sido conferido, lesione esporádica o sistemáticamente los derechos de la persona o de los grupos sociales.
Es deber ineludible del buen gobernante armonizar y regular los derechos de cada uno de tal modo que la promoción y ejercicio de los derechos de unos no impidan la promoción y ejercicio de los derechos de los demás.
La malicia y picardía humana tiende a beneficiarse lo más posible en todo y a rehuir lo dificultoso e incómodo. Si no hay una autoridad que vigile y exija, la sociedad corre el peligro de quedar a merced de los más vivos, más hábiles, más inescrupulosos y más irresponsables. Es función del gobernante impedir esto y lograr que la justicia impere en la distribución de las responsabilidades, de los servicios y de los bienes existentes.
De acuerdo al plan de Dios, el hombre debe ser respecto a la Naturaleza –Suelo, ríos, atmósfera, plantas, árboles y animales administrador fiel y custodio diligente y de ninguna manera agresor y destructor sistemático e irresponsable.
Cuantas más y mejores sean las iniciativas de los individuos y de los grupos, mayores serán las esperanzas y garantías del desarrollo necesario y progresivo. Estimularlas es sabiduría y deber del gobernante. Recortarlas o impedirlas es entorpecer o suprimir el resorte más natural e insustituible de la producción. No coordinarlas, por otro lado, será crear el caos o el desequilibrio social.
No prever es enredarse en dificultades continuas que pudieran haber sido atajadas o aminoradas a su tiempo. Por ello la eficacia del Poder Público en el campo económico y social depende de la Planificación que debe ocupar un lugar destacado en la gestióngubernativa. Necesitan de ella para sus decisiones el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Los Jueces deben ser especialmente independientes. El Poder Ejecutivo no debe ser paralizado en su acción por el Poder Legislativo, en virtud de intereses malsanos o partidistas.
La posibilidad y costumbre de todo nuevo Presidente de substituir gran número de funcionarios precedentes por personas de su confianza o de su partido es un grave error de lamentables consecuencias. Los responsables de los servicios públicos deben de ser escogidos de acuerdo a su competencia, honestidad y responsabilidad y no de acuerdo a sus ideas y sentimientos partidistas.
Sin libertades legítimas no habrá dignidad personal ni nacional; ni orden verdadero; ni paz estable. La salvaguardia, sin embargo, de la verdadera libertad exige la persecución del libertinaje por medio de una legislación severa y castigos adecuados.
Deliberada o intuitivamente, la inmensa mayoría de los dominicanos, al elegir un Presidente, lo que quieren es elegir un Presidente comprometido a gobernar así.
Una vez elegido, el respaldo o el rechazo de la nación a su gestión y a su persona lo determinarán su fidelidad o infidelidad a cuanto venimos exponiendo.
Al llegar a este punto tenemos que añadir que no es suficiente que incrementemos nuestros bienes de producción y consumo y los distribuyamos justa y equitativamente. Es necesario, también, que la administración pública sea justa, eficiente, responsable y honesta. Los únicos privilegiados deben ser los pobres cuya defensa y promoción debe ser asumida, de modo especial, por el Poder Civil.
1.- Cuantos integran el mundo de la Gestión Pública deben tener muy claro que su deber y objetivo es lograr eficazmente el Bien Común conciliando la libertad, la justicia y la igualdad en una genuina sociedad participada. Únicamente en el Bien común se basa la legitimidad del Poder Civil. Cuando más lo promueva, mejor estará cumpliendo con su función y cuanto más se aparte de él, más ilegítimo se estará tornando. El Bien Común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social, gracias a las cuales todas las personas, familias y asociaciones puedan lograr con mayor plenitud su propia perfección (Gadium et Spes, Núm. 74).
2.- Viendo ahora entre nosotros cuántas personas, familias y grupos sociales yacen en la miseria, en la pobreza y en el abandono sin dignidad, sin justicia, sin igualdad, sin recursos, sin oportunidades, sin participación alguna, tenemos que preguntarnos seriamente sobre nuestra realización del Bien Común. Es largo el camino por recorrer en esto pero es hora ya de que se empiecen a dar los pasos decisivos y definitivos. Ningún ciudadano tiene derecho a oponerse a ello. Todas las personas y grupos sociales en el ejercicio de sus derechos están obligados por ley moral a tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los demás y para con el Bien Común de todos.
3.- Hay tres puntos concretos de vital importancia que queremos tocar: impuestos, subida del costo de la vida y burocracia. Impuestos. El gobierno, para poder cumplir con sus obligaciones crecientes del Bien Común, necesita aumentar sus recursos y es obligación suya estudiar a fondo el mejor modo de conseguirlos, exigirlos y distribuirlos, después, con absoluta justicia y honestidad, prestando atención especial a los sectores débiles y postergados. Con el Concilio Vaticano II tenemos que decir con dolor que “no pocos, con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar impuestos justos u otros deberes con la sociedad” (Gaudium et Spes, Núm. 30). Sobre los inseguros y escasos ingresos de nuestra clase económicamente débil no es humano ni justo imponer más cargas pesadas. Los más favorecidos deben asumir generosamente su cuota de sacrificio. El hecho de que el grueso de los impuestos en la República Dominicana se indirecto provoca una realidad injusta: ricos y pobres pagan por igual. Es necesario que los impuestos sean proporcionales a los bienes que se posean y a la disponibilidad que se tiene. Los modos prácticos de obtener esto se lo dejamos a los técnicos.
No queremos dejar de decir que un mal que viene de lejos pero que no puede ser corregido, porque existen medios para ello, es el de nuestras Aduanas.
4.- El segundo punto concreto es el alza del costo de la vida. Si los precios son reales y no hay mecanismo posible para hacerlos descender, es necesario que se hagan, sin postergación alguna, los debidos reajustes salariales, sin dejar por eso de afrontar el gravísimo problema del desempleo y subempleo, espina dolorosa en el corazón y conciencia de todos.
5.- El tercer punto concreto es el de nuestra burocracia. Esta se ha convertido en nosotros en una maquinaria gigantesca que se nutre de sí misma a costo de la vida nacional.
Todos los empleados del Estado y funcionarios públicos deben pensar que la dignidad y responsabilidad de su trabajo reside en que su destinatario es la sociedad y sobre todo aquellos que menos tienen y más dependen por esto del buen funcionamiento de lo público.
El peso de la justicia debe caer siempre, con todo rigor, sobre quienes amparados por los cargos administrativos públicos se enriquecen fundamentalmente o medran con perjuicio del Bien Común.
Los irresponsables e ineficientes no pueden tampoco ocupar cargos públicos. El excesivo número de personas en muchas oficinas del Estado conlleva inevitablemente la disminución de eficiencia y el aumento injustificable de erogaciones del Estado. Los Partidos Políticos harían un gran servicio al País si descontinuas en la práctica de que la victoria electoral signifique la casi total remoción de personas que están desempeñando funciones ejercidas con larga experiencia, seriedad y competencia y sean sustituidas por otras incapacitadas y situadas en esos puestos por el mero hecho de pertenecer a un determinado partido.
Una pregunta que muchos dominicanos se hacen es qué pasa con algunas empresas estatales que son deficitarias siempre, debiendo ser la menos justamente rentables. Esta misma pregunta nos la hacemos nosotros con preocupación, porque es el pueblo quien paga esos déficits en vez de obtener beneficios. Dichoso el pueblo que cuenta en la Administración Pública con gente capaz, capacitada, y honesta. Los hay y les animamos y felicitamos.
CERTIFICO que en mi trabajo “Temas Electorales” tomado de la Carta Pastoral de Adviento del 30 de noviembre 1980, 1 Domingo de Adviento, #III, de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
DOY FE en Santiago de los Caballeros, a los seis del mes de noviembre del año del Señor 2019.