Sanción y realidad
LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO de Salud Pública que obliga a utilizar mascarillas en las calles, so pena de sanción por montos pecuniarios de uno a diez salarios mínimos, ha provocado airadas reacciones. ¿Cuál autoridad tendrá en sus manos aplicarla a discreción?
Está claro que no se debe permitir que la gente ande por ahí sin nada que cubra la boca y la nariz. Es inaceptable. Había que hacer algo.
La cuestión es que el tipo de sanción administrativa podría tener dificultad para la aplicación, y siendo así, terminaría como letra muerta.
Imagínese, un pobre desempleado de esos que pululan ahora por ahí, que ha perdido su trabajo a consecuencia de la crisis del coronavirus, cómo se le va a sancionar con diez mil pesos, es decir, un salario mínimo público. No tiene sentido, simplemente, porque el hombre no tendría con qué pagar.
Es verdad que el individuo que anda sin protección y está enfermo, provoca un daño contaminando a otra persona. Esa persona podría morir. Quizás la sanción resulte proporcional. Pero ese es un supuesto que nadie podría probar. Más aún, las cosas tampoco funcionan de esa manera en la realidad.
Las causas que motivaron a Salud Pública a adoptar la medida son justas. Incluso, puede decirse que se hizo tardíamente. Pero la sanción es inaplicable.
Tiene que ser una sanción que sin perder su vocación represiva, tenga un sentido cívico, como ha sido la imposición de tareas comunitarias a quienes violan el toque de queda.
La resolución persigue que la gente cumpla el protocolo de protegerse y proteger a los demás. La persona que la viole podría quedar retenida hasta que adquiera la mascarilla. Sería un castigo que afectaría su desenvolvimiento cotidiano, que tronche sus actividades.
La sanción alentará el uso de las mascarillas, pero hay que seguir insistiendo acerca de la necesidad de su uso, por el bien propio y por los demás.
La parte económica debe ser revisada.