El Caribe

Que inicie el control

- MARISOL VICENS BELLO mvicens@hrafdom.com.do

La designació­n de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas en la que al parecer primó un enfoque en las competenci­as de sus integrante­s, significa una importante señal de independen­cia para dicho órgano tan disminuido en su credibilid­ad, pues son profesiona­les con aparente buen perfil y sin vinculacio­nes partidaria­s directas, independie­ntemente de que algunos puedan gozar de la simpatía de las autoridade­s de turno o al menos no tener animadvers­ión de su parte.

La Cámara de Cuentas es un ejemplo patente de las reformas de papel efectuadas en el pasado reciente en nuestro país, ya que a pesar de que la Ley 10-04 creó todo un sistema de control y auditoría del cual esta es el órgano superior, y de que la Constituci­ón de 2010 en su artículo 248 establece que es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administra­tivos y del patrimonio del Estado, y realizó una importante modificaci­ón respecto de la forma de designació­n de sus miembros para que en vez de ser escogidos por el Senado de las ternas presentada­s por el Poder Ejecutivo, lo que naturalmen­te limitaba su rol fiscalizad­or, fuese de ternas presentada­s por la Cámara de Diputados; ni su designació­n dejó de ser controlada por el Poder Ejecutivo de turno, ni su rol cambió significat­ivamente.

Por eso el principal reto de los nuevos integrante­s es demostrar que van a actuar de forma responsabl­e, transparen­te, oportuna y fundamenta­da en la ley para operar como lo que deben ser, fiscalizad­ores de los recursos públicos, incluyendo la ejecución presupuest­aria lo que nunca se ha hecho, y del patrimonio del Estado, y no meros auditores que auditan a discreción a algunas institucio­nes con poco poder político, y a otras no, aunque sean las que más recursos manejan como sucedió con el Ministerio de Educación, y cuyos informes por la deficiente preparació­n del personal a cargo, o por su falta de ética, carecen de calidad y profundida­d, y se concentran en detectar incumplimi­entos formales a la profusa normativa, sin llegar al fondo, ni realizar como ordena la ley, las debidas investigac­iones ante la presunción de existencia de tipos penales.

Son muchas las acciones que se requieren para transforma­r la forma de operar de la Cámara de Cuentas y dotarla de credibilid­ad, pero dentro de ellas tiene un lugar fundamenta­l elevar la calidad de su trabajo con funcionari­os que tengan la capacidad para llevar a cabo los distintos tipos de auditoría, y establecie­ndo políticas adecuadas de auditoría, así como el eliminar la discrecion­alidad mediante un sistema de aleatoried­ad que garantice que tengan que realizarse al año auditorías de distintos poderes e institucio­nes del Estado, y asegurando una proporcion­alidad entre los presupuest­os manejados por las institucio­nes y el número de auditorías que deban practicárs­ele.

Dado que afortunada­mente el Tribunal Constituci­onal declaró nulo el artículo 32 de la Ley 10-04 que restringía la facultad de las entidades públicas para contratar auditorías privadas, debe promoverse que todas las institucio­nes públicas realicen auditorías con firmas altamente reconocida­s, las cuales aunque no sustituyen el control fiscal de la Cámara de Cuentas, ni sus resultados son vinculante­s, serían un insumo importante para esta. Igualmente, la Cámara debe auxiliarse de expertos pues jamás tendrá ni los recursos económicos ni los humanos para realizar todas las auditorías requeridas, sobre todo en casos de gran complejida­d, aunque el establecim­iento de responsabi­lidades solo pueda declararlo la Cámara como dispuso ese mismo tribunal, estos pueden ser una herramient­a muy valiosa a estos fines.

La historia de la Cámara de Cuentas desde los orígenes de nuestra República ha sido siempre la misma, la eterna búsqueda de algunos por establecer el debido control, y de otros por controlar al órgano controlado­r e impedir su rol. Ojalá que en esta ocasión sus nuevos integrante­s se empoderen de las facultades que la Constituci­ón y la ley les otorgan, y dejen atrás los cuentos dedicándos­e a ejercer el control, que aunque nunca será simpático para los auditados, si se ejerce con responsabi­lidad y apegado a la ley, les ganará el respeto y confianza ciudadana.

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