La Seguridad Social
LA LEY 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), acaba de cumplir 20 años de su promulgación, tiempo suficiente para que la normativa sea objeto de una evaluación profunda para que asimile los cambios y ajustes que el devenir del tiempo mandan.
A lo largo de esas dos décadas de promulgada, la ley ha sido objeto de modificaciones y propuestas de cambios, cuyos alcances limitados no han pasado de ser simples ajustes o meros “parches” o “remiendos”.
Actualmente, el Congreso Nacional tiene bajo estudio un proyecto para modificar la Ley 87-01, en cuyas labores realizó el pasado jueves una vista pública bicameral en la ciudad de Santiago de los Caballeros.
Por la composición de la matrícula de los congresistas que asistieron a la vista pública, con los presidentes de las dos cámaras legislativas encabezando, se entiende que hay un manifiesto interés del Congreso en el tema.
El miércoles último, durante una misa oficiada en ocasión de la celebración de la Semana de la Seguridad Social, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, reclamó que se haga una revisión profunda de la legislación sobre la cual descansa el modelo de la Seguridad Social dominicana. “Si vamos a revisar la seguridad social en este 20 aniversario hay que ver cómo podemos llegar a todos, pensando sobre todo en los más necesitados, en los que viven en la pobreza y en condiciones infrahumanas”, explicó el prelado.
Su posición de que se haga una revisión de la legislación para ver hasta dónde más se puede llegar en beneficio de la población coincide con el sentir de un amplio segmento de la ciudadanía que entiende que la norma no ha dado todo lo que sus postulados planteaban como beneficio para la sociedad.
Vale el reproche de monseñor Ozoria a las autoridades nacionales por el hecho de que aún existen sectores que no han sido beneficiados con la normativa.
Esta revisión de la Ley 87-01, luego de dos décadas de promulgada, debería servir para la universalización de la Seguridad Social, para que en sus dos componentes esenciales, salud y pensión, haya una cobertura más amplia.
Es tiempo de llenar vacíos y corregir distorsiones.
Uno de los teóricos más sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia, C. Van Gestel, escribió que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada. Desde ese punto de vista oficial de la Iglesia, la nacionalización de una u otra industria “puede recomendarse en ciertos casos”.
Gestel también considera que el Estado puede abrogarse el derecho de imponer un estatuto jurídico especial a ciertas empresas o sustraer ciertos productos del mercado libre “reservándolos para los armamentos”, aunque su intervención deberá más bien atender a la extensión que a la restricción del derecho de propiedad privada, “de suerte que el régimen de bienes corresponda más directamente al destino universal de los bienes terrenos”.
El planteamiento de Gestel tiene consonancia con lo expresado por Monseñor Montini (luego Pablo VI) en su carta a la 13 Semana Social de España, de fecha 24 de abril de 1953, en el sentido de que nadie puede negar al Estado el derecho a imponer restricciones o de gravar con obligaciones el ejercicio del derecho de propiedad, no solamente en interés de evitar y castigar los abusos, sino en aras de una mejor satisfacción de las necesidades de la colectividad.
Gestel escribió que en ciertos momentos y bajo determinadas circunstancias, el bien común puede exigir una restricción del derecho de propiedad privada”.
El tema había sido objeto de tratamiento extenso por Pío XII en su radio mensaje del uno de septiembre de 1944, cuando todavía Europa se debatía en los horrores de la guerra. “La política social y económica de lo por venir, la actividad ordenadora del Estado, de los municipios, de los institutos profesionales”, dijo, “no podrán conseguir permanentemente su alto fin -la verdadera fecundidad de la vida social y el normal rendimiento de la economía nacional-, sino respetándolo”.