Haití un complejo enigma en el Caribe

Alo largo del último siglo Estados Unidos ha ejercido el control del Hemisferio americano, especialmente en el Caribe. El caso de Haití no escapa a ese control, pero en la actualidad es un país que corre riesgo de ser declarado Estado fallido. La cuestión es que hace que EEUU mantenga tanto interés por este minúsculo e incierto país, que reconoce como frágil pero no fallido y que no parece que haga mucho por su estabilidad. En los últimos tiempos Haití se presenta como un Estado débil que padece una situación de violencia social creciente y que es incapaz de brindar a su ciudadanía servicios básicos como salud, vivienda, educación, justicia…etc.

La violencia de Haití históricamente, como sostiene en un trabajo llamado “Haiti, un secreto en el Caribe” la investigadora Villanueva García, fue usada como instrumento de control por las élites del país para obtener todo tipo de beneficios, lo que ha devenido a un debilitamiento de la institucionalidad. De igual manera, la comunidad internacional directa responsable de esta situación financiando dudosas elecciones democráticas, fracasadas en su propósito de contribuir a desarrollar un estado de derecho.

En la pasada década se descubrieron en las entrañas de sus montañas importante reservas de petróleo y minerales, recursos ambos, que bien empleados sacarían al país de la destructiva dinámica de la pobreza y permitiría una mayor estabilidad a la región, afectada por los incesantes flujos migratorios de haitianos. Ahora bien, llegados aquí, nos preguntamos porque se mantiene el secretismo sobre la potencialidad de esos recursos y por qué Estados Unidos, los reconoce como reservas estratégicas propias que otorgan a Haití el rol de lugar de respaldo de sus necesidades energéticas. Aunque en la última década, debemos considerar la pérdida de influencia de los norteamericanos en el mercado energético internacional, donde China y Rusia hoy día tienen mucho que decir.

Pero no solo es el petróleo el que puede ayudar a Haití, pues las prospecciones demuestran que aproximadamente, unos veinte mil millones de dólares reposan en sus montañas en forma de oro, cobre y plata. Leopoldo Espaillat Nanita expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo reveló, un lustro atrás, que

República Dominicana y Haití comparten el yacimiento aurífero más grande del mundo sin explotar, así como otros minerales como el iridio un mineral poco conocido que sirve para la fabricación de naves y componentes espaciales.

Ahora bien, si estos recursos pueden ayudar a la nación vecina en una mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y con ello mejorar su grave situación social, también es cierto, que la comunidad internacional y diversas transnacionales han relegado el derecho de Haití a disponer de sus recursos adjudicándose el beneficio aprovechándose de su debilidad institucional. Todas las negociaciones entre el Estado y estas corporaciones se han llevado a cabo a puerta cerrada sin ningún tipo de control público, limitado control estatal, sin participación de la sociedad civil y dudosa transparencia.

El malestar social generado plantea dos problemas, de un lado, que el Gobierno de turno da prevalencia a los intereses extranjeros, y de otro, la realidad en materia ambiental, pues las actividades sin control, provocan un alto grado de contaminación y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades nativas, como ejemplo la contaminación de las aguas por medio del cianuro utilizado en la minería del oro. Debemos resaltar también que Haití no firmo la convención sobre seguridad y salud de las minas ni sobre la trasparencia en las industrias extractivas, ambos instrumentos internacionales que permiten cierto grado de protección ambiental sobre la población impactada. Ante esta situación se presentan dos graves problemas: de un lado la avaricia de las transnacionales ante la debilidad jurídica del Estado, y de otro, la corrupción de las élites haitianas que patrimonializan los recursos naturales de la nación en provecho particular. Ambos, hechos delictivos, que provocan incontenibles riadas de migrantes que huyen de territorios destruidos e insostenibles para la vida humana. Como ejemplo las imágenes que los medios nos mostraron estos días en la frontera sur de los EEUU o en el tapón del Darién colombiano.

Las mineras canadienses, estadounidenses y francesas se aprovechan de que Haití sea uno de los países del hemisferio con más baja tasas de regalías, por ello el interés transnacional a pesar de la inestabilidad institucional y el riesgo social existente, pues la ganancia es de tal magnitud que la ausencia ética es ominosa.

De hecho, tanto el terremoto de 2010, que dejó más de doscientos mil muertos, y el de hace unas semanas son asociados, según denuncias internacionales, a la responsabilidad de las mineras que han creado un escenario para sus actividades, que propician estas catástrofes al actuar en fallas geológicas que agrietan las formaciones rocosas. Esas voces críticas, sostienen que la rápida respuesta y el control militar con el que se ha desplegado la ayuda estadounidense, tiene más que ver con un aseguramiento de los recursos naturales que a una cuestión humanitaria.

La misión de estabilización de Naciones Unidas ha aumentado la dependencia internacional de Haití y es en cierta medida, responsable del deterioro de su tejido social. Esta situación nos plantea la cuestión de si el país funcionaria de otra forma sin su presencia, de hecho, existe un malestar creciente de su población que le acusa de haberlos despojado de su ciudadanía, sus servicios públicos, sus tierras y sus bienes naturales. En definitiva, todo evidencia que la comunidad internacional ha preferido invertir desde hace décadas, en misiones armadas y no en la pedagogía de la democracia y el desarrollo económico que les podrá llevar a recuperar su soberanía y a dar estabilidad a los países de la cuenca del Caribe, todos afectados ante este preocupante escenario.

Connected Worlds: The Caribbean,

Origin of Modern World”. This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846. Dirigido por Consuelo Naranjo Orovio desde el Instituto de Historia-CSIC.