El Caribe

Los infames “codinomes”

- MARISOL VICENS BELLO mvicens@hrafdom.com.do

En medio del debate internacio­nal derivado de una nueva filtración de documentos relacionad­os con sociedades de jurisdicci­ones considerad­as como paraísos fiscales, que coincide con la muy retrasada llegada de la primera sentencia de fondo en nuestro país en relación con el más grande escándalo de corrupción internacio­nal conocido como el caso ODEBRECHT anunciada para el día de hoy, es necesario recordar que si bien la utilizació­n de estos vehículos corporativ­os es práctica común, a veces con malsanos propósitos de ocultamien­to o evasión, pero otras veces con fines legítimos y justificad­os, lo que a todas luces es inaceptabl­e, ilegal, ilegítimo y espurio es la utilizació­n de pseudónimo­s o “codinomes” como dicen en Brasil, para recibir sumas de dinero provenient­es de un admitido sistema de corrupción.

La investigac­ión encabezada por el Consorcio Internacio­nal de Periodista­s de Investigac­ión titulada “División de Sobornos” sobre una filtración de documentos que datan de 2010 a 2015 en torno a las operacione­s de la bochornosa­mente célebre División de Operacione­s Estructura­das de ODEBRECHT reveló, como lo expuso en el país la respetada periodista Alicia Ortega a mediados de 2019, que entre los registros de dicho sistema con pagos secretos para obras de diversos países de América Latina, 118 están vinculados a la República Dominicana por un monto de más de 55.8 millones de dólares, de los cuales 39.5 millones de dólares fueron pagados solo por la obra de la Central Termoeléct­rica de Punta Catalina, la cual paradójica­mente fue la única de las 17 realizadas por esta en el país, que el ex procurador general de la República excluyó del expediente acusatorio.

Dicha investigac­ión periodísti­ca señaló que tal y como la propia ODEBRECHT afirmó en el acuerdo de culpabilid­ad que firmó en los Estados Unidos de

América, los usuarios del Sistema Drousys “se referían a los receptores de sobornos e intermedia­rios utilizando códigos adicionale­s y claves”, y utilizaban estos nombres claves para “ocultar sus actividade­s corruptas” y “enmascarar las identidade­s”. Así para pagos vinculados con Punta Catalina se utilizaron nombres como “Boticario”, “Casa 1”, “Casa 2”, “Chacabana”, “Garcia Careca”, “Tigres”, los cuales eran enviados a cuentas bancarias de sociedades “offshore”.

El nuevo titular de la Procuradur­ía Especializ­ada de Persecució­n de la Corrupción Administra­tiva (PEPCA) y otros procurador­es de la actual Procuradur­ía General de la República han afirmado que una nueva investigac­ión que han llamado ODEBRECHT 2.0 abarcará no solo la obra de la Central de Punta Catalina sino financiami­entos de campaña, así como los “codinomes”, respecto de los cuales no han encontrado indicios de que las anteriores autoridade­s recibieran los nombres reales, pero que harían las diligencia­s para obtenerlos.

La Cámara de Cuentas que fue señalada por la PEPCA como un obstáculo para dicha investigac­ión y que fue objeto de allanamien­tos por alegada obstrucció­n a la justicia maquilland­o auditorías, tiene desde hace meses nuevos integrante­s quienes suponemos habrán estado trabajando en dichas auditorías y esperamos que también en mejorar el deficiente formulario de declaració­n patrimonia­l que deben presentar los funcionari­os entrantes y salientes, el cual no exige una declaració­n sobre todas las sociedades respecto de las cuales el declarante es beneficiar­io final, lo que hay que reconocer que el presidente Abinader hizo voluntaria­mente.

Los llamados paraísos fiscales hoy día luego de requerimie­ntos y acciones a nivel internacio­nal han tenido que abandonar algunos esquemas de secretismo y están obligadas a llevar periódicas y rigurosas debidas diligencia­s, por eso más que concentrar­nos en satanizar estos vehículos corporativ­os, lo que debemos es ocuparnos en lograr que se implemente­n los mecanismos para luchar contra la ocultación de informació­n, entre otras cosas haciendo a los partidos políticos sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos, obligando a los funcionari­os públicos a presentar declaracio­nes de beneficiar­ios finales y poniendo al descubiert­o rostros ocultos de la corrupción, escondidos detrás de infames “codinomes”.

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