Insostenible
EL PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO de referencia para República Dominicana, el West Texas, promedió la semana del 12 al 18 de junio US$119.47, lo que indujo a las autoridades a subsidiar el consumo con RD$1,765 millones, con lo que se desdijeron en su promesa de que durante cuatro meses cualquier aumento superior a US$115 por barril sería traspasado a los precios internos, sin la inclusión del impuesto ad valorem en su cálculo.
También la semana del 4 al 11 de junio el Gobierno asumió RD$1,355 millones para evitar el alza, con lo que no se cumplía lo anunciado por Abinader al país el 7 de marzo: que seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre 600 y 1,000 millones de pesos semanales, que representan entre 2,400 y 4,000 millones de pesos mensuales o, lo que es lo mismo, entre 9,600 y 16,000 millones de pesos durante sus cuatro meses de aplicación.
Lo que ha sucedido, por partida triple, es que no se traspasó a los precios internos cuando el barril superó US$115, que se ha sobrepasado más de una vez la franja de por lo menos entre 600 y 1,000 millones de pesos semanales, y que la cifra tope estipulada para cuatro meses de RD$16,000 millones ha aumentado con creces y hasta el pasado viernes era de RD$20,588 millones.
Es una situación insostenible en el tiempo, porque podría acarrear que el consumidor se niegue a aceptar futuros incrementos por esa discrecionalidad, y porque induce a pensar a quiénes realmente beneficia este subsidio, que alimenta la carga de las finanzas públicas.
Esto ocurre ahora que el Gobierno destina otros subsidios millonarios al arroz y fertilizantes.
Se anunció que tan pronto el mandatario regresara de la cumbre de Los Ángeles, esa situación se revisaría: “Vamos a ver eso desde que yo llegue a República Dominicana. El gabinete económico está evaluando esa situación, la verdad es que está a 122 dólares (el barril de petróleo), y eso luce fuera de control”.
No debería postergarse esa revisión a fondo, porque va para largo una crisis internacional con múltiples factores que escapan al control interno.
El partido Podemos puso de vuelta y media a las iglesias y a más de media España con su propuesta no tan reciente al Parlamento contra lo que llama discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTB. La Federación de Entidades Evangélicas y la jerarquía católica
EVELYN IRIZARRI
La lista de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja, se vuelve interminable, así como la de los huérfanos de la violencia. Los hijos que en un arrebato de ira o actuando bajo los efectos del alcohol y las drogas acaban con la vida de sus padres.
Son indicativos de lo constante que se han vuelto la violencia y los abusos en el entorno más íntimo de las personas.
Están también los hombres despechados que por la negativa de una mujer a reconciliarse y restablecer una relación de abuso y maltrato, no dudan en arrebatarle la vida o castigarla con lo que más pusieron el grito al cielo advirtiendo que la iniciativa rompe con las tradiciones españolas imponiendo normas contrarias al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.
Según el Episcopado la propuesta podría promover la “destrucción de libros que vayan contra la ideología de género” e imponer un “pensamiento único”, calificándola como una “ley totalitaria y adoctrinadora”, que culminaría con la instalación de “una agencia estatal con capacidad punitiva”. La propuesta, según creo, no ha sido aprobada todavía pero la influencia creciente del colectivo LGTB tiene a gran parte de la sociedad española en ascuas.
Los obispos han llamado la atención sobre la gravedad de esa propuesta de ley y las consecuencias que supondría su imposición en el ámbito educativo si llegara a convertirse en pauta legal sole duele y con pasmosa frialdad asesinan a sus propios hijos, con tal de causar dolor a esa mujer.
Del mismo modo debemos contar los casos que involucran a los religiosos, los instructores deportivos, los educadores, aquellas personas a quienes se les confía el cuidado de un envejeciente, un menor de edad o una persona con alguna discapacidad.
Todas estas son personas llamadas a proteger, cuidar, educar y guiar a aquellos puestos a su cuidado, sin embargo, hacen todo lo opuesto.
Son múltiples los casos de abuso sexual de profesores, instructores o líderes religiosos contra menores que han acudido a ellos por la naturaleza de sus funciones. En la mayoría de estas traumáticas experiencias se ha ejercido violencia física, verbal y psicológica.
No faltan los reportes de niñeras que han cometido todo tipo de abusos contra menores, cuyos padres ignoran lo que están viviendo sus pequeños hasta que ya es demasiado tarde. Lo mismo aplica para los adultos mayores que son maltratados por sus cuidadores. bre el sistema de enseñanza. Sostienen que se pretende negar que la identidad sexual, nacida de ser hombre y mujer, es el resultado de la realidad biológica, no de un contrato social pasible de cambio. Si llegara a aprobarse la ley, advierten los obispos, nadie se podrá mover “sin que confiese, con fe religiosa, la ideología de género”.
La pretensión de hacer obligatorio en la enseñanza en las escuelas, como parte de los programas infantiles educativos, que los niños pueden cambiar de sexo, como un derecho natural, es una peligrosa y bárbara idiotez. Para que se tenga una idea, la Universidad de Granada llegó a publicar un calendario con los nombres de los meses en femenino: enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, julia, agosta, septiembra, octubra, noviembra y diciembra. Y no se trata de una broma.
Estas insensibles y despiadadas personas le niegan hasta el agua y sus alimentos y les suministran dosis extras de sus medicamentos para hacerlos dormir más de la cuenta, de este modo se librarán de ello por un largo rato.
Lo más preocupante es lo flexible que a veces suelen ser las leyes aplicables para sancionar a esos criminales y muchas veces es incomprensible la facilidad con que salen de prisión, si es que alguna vez llegan a ser encarcelados por sus hechos.
Es verdad que es un deber ineludible e impostergable de las autoridades velar por la seguridad ciudadana, proporcionar protección contra el crimen, pero es una obligación de la sociedad, formar individuos con valores.
Es una labor conjunta de gobiernos y gobernados, los primeros tienen que desarrollar políticas tendentes a ofrecer mayores oportunidades en igualdad de condiciones a hombres y mujeres.
Los otros, la sociedad, debe revisarse y recuperar los valores que han perdido la batalla frente el amor al dinero, lo fácil y la obsesión por obtenerlo todo sin hacer sacrificios.