Estado y normas
Datar la fecha exacta del nacimiento del Estado es imposible. Describir su funcionamiento es complicado y establecer los fines de él, tarea nublada desde el punto de vista teórico por posturas e intereses ideológicos y políticos contradictorios, desde el punto de vista práctico.
Para Kelsen: “El Estado es una ordenación de la conducta humana” del cual “emanan deberes que obligan a los hombres a una conducta recíproca determinada, en tanto que permanecen dentro de la sociedad política”. (Compendio de teoría general del Estado: 109).
La teoría marxista ve al Estado como el producto de la dinámica política, económica y social, que luego de insalvables contradicciones hizo del mismo una necesidad. Y lo entiende como un instrumento de dominación clasista que incluye un aparato normativo para validarse.
Las normas, en la clásica división tripartita del Estado, son formuladas por el Legislativo, teóricamente el primer poder. Aunque en la práctica puede existir un distanciamiento enorme entre estos y los que dicen representar, no expresando la voluntad popular, sino de élites políticas o económicas.
En última instancia estas normas que sustentan al Estado como “ente jurídico” procuran garantizar la convivencia y mantener el statu quo, y deben valorarse lejos de parámetros éticos o morales. Es decir, las normas no hacen buenos ciudadanos ni evitan conductas inapropiadas. Pero, aunque parezca contradictorio, deben tener un sustento o fundamento moral.
Plantear que nuestras deficiencias institucionales históricas son el producto de la falta de normas o de la flojedad de éstas, es desconocer el alma y la historia nacional. O, tomar falsos argumentos para esconder la esencia de nuestros males.
El que no tiene nada que perder en la vida no delinque porque una ley sea floja, como no dejará de hacerlo porque sea inflexible. Las condiciones socioeconómicas, la crianza, el entorno (sin ser determinista histórico), así como los negativos ejemplos sociales y las carencias, entre otras causales, tendrán mayor importancia en la formación del carácter del individuo que la ley.
Entonces, ¿es la ley el problema? ¿Con sólo cambiarla habrá menos violencia? ¿Están las calles más seguras luego de la modificación al Código Procesal Penal con la Ley 10-15?
Evidentemente, el problema no es la ley. Si no cambiamos el entorno del individuo seguirá la escalada de violencia, aunque sigamos transitando el camino que parece indetenible hacia un estado policial.
Aún tenemos tiempo, debemos procurar construir consensos a mediano y largo plazo, “con todos, y para el bien de todos” (Martí), en relación con el tema de la violencia y con otros de la agenda nacional, como el migratorio.
En algunos momentos la política partidaria debe ceder ante los temas más acuciantes de la agenda nacional. El todo, (la Patria), está por encima de las partes. Los actores políticos y las denominadas “fuerzas vivas de la nación”, en una discusión horizontal deben unificar criterios en relación a estos temas, y procurar que no muera, lo que José Enrique Rodó llama en Ariel: la “sublime terquedad de la esperanza”.