Regidores de La Romana decidirán la suerte de su alcalde
Tras ser arrestado el alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames Bautista, para cumplir los dos años de prisión a los que fue condenado, su esposa será juramentada en el cargo.
Se espera que en las próximas horas el Concejo de Regidores de esa demarcación, convoque la asamblea en donde Milli Núñez, quien es la vicealcaldesa, sería posesionada en el cargo según lo establecido en la Ley que rige los Ayuntamientos.
Adames Bautista, alias Tony, fue condenado a dos años de prisión y al pago de 4.5 millones de pesos de indemnización en favor del escultor Luis Castillo por obras que realizó para la Alcaldía y que fueron colocadas en el Parque de La Romana.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia convirtió en definitiva la sentencia y en esas atenciones, por órdenes del juez de ejecución de la pena, el edil fue detenido en su residencia.
Las autoridades explicaron que el arresto se ejecuta en razón de que en fecha 28 de diciembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia No. SCJ-SS-22-1606, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el acusado a la sentencia que lo condenó, ratificando la condena de dos años de prisión correccional, la indemnización por 4.5 millones al escultor Luis Castillo y al pago de una multa de tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00).
A pesar de que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece en su artículo 44 que procede la suspensión de los alcaldes cuando se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pe
na privativa de libertad, Tony Adames nunca fue separado de sus funciones en la alcaldía.
No es el único caso
Tony Adames no solo ha ido a los tribunales para responder por la querella que interpuso el escultor. También es señalado por actos de corrupción en la gestión 2010-2016.
Con ese proceso en curso, se presentó a los comicios para el año 2020 en los que resultó ganador.
En noviembre de 2013, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una acusación por “falsificación y uso de documentos, así como por prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores, en perjuicio del Estado dominicano”. En ese mismo año fue suspendido como alcalde por supuestas irregularidades y la emisión de cheques sin fondos a personas ajenas al cabildo.
Razón Suprema Corte de Justicia convirtió en definitiva la sentencia que lo condenó