Pepca pide prisión y declarar complejo caso contra exfuncionarios
Revelan que número de detenidos en Operación Calamar aumenta a 20, pero mantienen en reserva cuatro nombres
La Procuraduría Especializada en Persecución Administrativa (Pepca) depositó solicitud de prisión preventiva contra el excandidato a la presidencia y exministro de obras públicas, el exministro administrativo de la Presidencia, el exministro de Hacienda y otras 17 personas detenidas mediante la Operación Calamar.
El órgano investigador mantiene bajo reserva los nombres de cuatro personas que dice están detenidas pero sus identidades no han sido reveladas en los comunicados referentes al proceso.
Pide que se declare complejo el proceso seguido a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, a quienes señala como cabecillas de una red de corrupción que distrajo a los contribuyentes más de 17 mil millones de pesos a través de los ministerios a su cargo y de otras entidades del Estado.
Mirna Ortiz, directora de litigación del Ministerio Público, dice que el expediente consta de 3,000 páginas y 1,200 elementos de pruebas que sustentan los cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes, lavado de activos, entre otros delitos imputados a los detenidos.
Además de los tres exministros, se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito el abogado Ángel Lockward, excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
¿Qué dice la Pepca?
De acuerdo con el relato del Ministerio Público para obtener orden de arresto y allanamiento en contra de los encartados, en el año 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional en la que instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de ministerios y direcciones generales, presentes, a buscar dinero para las campañas políticas del 2019, (internas del PLD) y la del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita.
Afirma que después de esa reunión, Peralta le solicita al entonces director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, que convoque a uno de los principales constructores del Estado, el ingeniero Bolívar Ventura, que se reunió con él en el Palacio Nacional, lugar donde Peralta le dice que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el ministro de Hacienda Donald Guerrero.
Refiere la Pepca que el plan criminal materializado por el entonces ministro administrativo y el de Hacienda, “utilizó las empresas del ingeniero Bolívar Ventura, las cuales efectivamente fueron beneficiadas con los libramientos núms. 2418,3015, 3629, 4089, 4162, 2610, 2765, 2770, 2771, 2773, 2774,2775, 2827, 3232, 3657 y 5207, mediante los cuales le fue liberado desde el Ministerio de Hacienda, asumido como deuda administrativa, obligación del Tesoro, pagos por un aproximado de RD$2,185,489,598.77, de los cuales el ingeniero
Exorbitante suma de dinero
La documentación refiere que, a pesar de la exorbitante suma de dinero que Ventura le entregó a la estructura criminal, persistía la necesidad de obtener más dinero para la campaña política interna y las elecciones generales del año 2020.
Por esta razón, dice la PECA, es que Ramón Emilio Jiménez, alias Mimilo, ante un señalamiento que le hace Donald Guerrero, sobre una operación que había realizado y que está bajo investigación, le señala a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos para destinarlos al financiamiento político y a la vez, lucrarse indebidamente a título personal, así como lucrar a los demás integrantes de la presunta red en perjuicio del patrimonio público.
El modus operandi consistía en que realizaron maniobras para que se proyectaran pagos bajo el concepto de ‘’pago de deuda administrativa’’ por la cantidad aproximada RD$31,147,053,422.15, por concepto de acuerdos transaccionales.
La Pepcadice que han identificado que lograron sustraer aproximadamente RD$12,000,000,000.00, por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
Mirna Ortiz No descarta que haya nuevos apresados y procesados en el expediente.