En defensa de la soberanía y la integridad territorial
Salvo una exigua minoría, la mayoría de la población dominicana se ha unido en torno a la necesidad de defender la soberanía nacional y la integridad territorial frente a las pretensiones de la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos, Francia y Canadá, de exigir que la República Dominicana reciba y dé albergue a una migración haitiana desbordada por causa de la profunda crisis que afecta al vecino país.
Estos propósitos se han manifestado claramente, como explicábamos en un artículo anterior, en las presiones ejercidas sobre el Gobierno para forzarlo a incluir en los proyectos de ley sometidos al Congreso Nacional sobre la no violencia contra la mujer y la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes cláusulas que le imponen la obligación de la no repatriación del inmigrante en situación de irregularidad.
La indignación popular fue de tal naturaleza que el Gobierno se vio precisado a retirar el proyecto sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes al mismo tiempo que convocaba al Palacio Nacional a todas las fuerzas políticas para tratar de alcanzar un pacto nacional sobre la problemática de Haití.
Pero la verdad monda y lironda es que ese pacto nacional ya ha sido alcanzado por todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que públicamente han reclamado la necesidad de contener la migración irregular y desordenada que representa un grave problema demográfico para un territorio pequeño como el nuestro, ejerce una presión insostenible sobre el presupuesto de salud y educación, y entorpece la aplicación de los planes que se ejecutan desde los poderes públicos en su lucha contra la pobreza y la inclusión social.
Las medidas a ejecutar han sido ampliamente discutidas y finalmente avaladas por una opinión pública que ha requerido y obtenido que a nivel internacional la máxima autoridad de la Nación, la presente y las del pasado se expresen en el ámbito de las Naciones Unidas y otros foros internacionales reclamando su apoyo a favor de Haití, de un estado hoy colapsado y dominado por bandas criminales, imposibilitado por sí solo de poder superar su crisis, y que necesita desesperadamente los recursos y la organización con las que no cuenta para emprender la senda de su estabilidad y desarrollo.
De igual modo la sociedad en general ha demandado la vigilancia cuidadosa de la frontera y en este orden ha aceptado y comprendido la necesidad de levantar un muro fronterizo, con los consiguientes artilugios de la tecnología como un medio, no de impedir, pero al menos de atenuar el paso irregular de hombres y mujeres desesperados por la miseria y la inseguridad, aunque lamentablemente su construcción ya ha generado denuncias de corrupción y de dejación de miles de kilómetros que han pasado a ser “tierra de nadie”.
Otra reivindicación que ha alcanzado el consenso de la sociedad es la imperiosa necesidad de que se pongan en práctica políticas de persecución y castigo contra los buitres de la frontera, contra la mafia que enriquece sus bolsillos con la explotación de los migrantes, civiles y militares dedicados al tráfico ilícito de personas, no solo al nivel de los de pueblo y estamentos inferiores, sino también de poderosos mercachifles y oficiales de altos rangos.
En fin, se ha reclamado, y la unanimidad también se ha logrado, en la exigencia de que la mano de obra empleada en labores agrícolas, construcción y otros rubros sea en un ochenta por ciento de nacionalidad dominicana, como ordena la ley, pero esta aspiración generalizada requiere para su ejecución de la voluntad política de las autoridades con el consiguiente riesgo de que su aplicación pueda generar una paralización de las actividades y, de finalmente lograrse que la contratación del extranjero esté subordinada a la expedición de una visa de residencia, si se trata de un trabajo permanente, o de una visa de no residente si se está en presencia de un contrato de trabajo temporal.
Si hay un consenso respecto a la política nacional que debe practicarse para la defensa de la soberanía y la preservación de la integridad territorial, es dable preguntarse las razones que mueven al gobierno a convocar en el Palacio Nacional a toda la dirigencia del país para buscar una concertación que ya existe.
Ante la repulsa generalizada motivada por las normas de no deportación de ilegales incluidas en los proyectos de ley mencionados, el gobierno ha intentado tranquilizar a la opinión pública y erigirse en líder del consenso nacional sobre la defensa de la soberanía y la integridad territorial, lo que obviamente revela una actitud politiquera que desnaturaliza una política de Estado de la cual intenta derivar provecho partidista.
Bastaba con pedir respaldo a los pronunciamientos, decisiones y planes que se han venido ejecutando, lo que ha sucedido en la práctica cotidiana por parte de toda la sociedad y sus fuerzas organizadas, sin que fuera necesario politizar el tema con una puesta en escena en el Palacio Nacional.