La democracia en peligro
Nuestra democracia que tanto sacrificio y lucha nos ha costado construir y fortalecer se encuentra hoy debilitada y en serios peligros de colapsar, pues como lo recordaba Carlos Fuentes en los años 80 del pasado siglo: “La democracia no puede existir en estómagos vacíos, en mentes vacías y en almacenes vacíos”.
Y en efecto, lo que está sucediendo en el país es preocupante para la salud de la democracia. Esta misma semana Leonel Fernández advertía que, “a la mayoría de las familias dominicanas les cuesta llegar a fin de mes, los salarios no alcanzan y no dan ni para las 3 calientes”.
Un cuadro comparativo sobre salarios mínimos y costo de la canasta básica que publicaba esta semana la prestigiosa economista Mercedes Carrasco muestra claramente el drama de desesperación que vive hoy la familia dominicana. El costo de la canasta básica del quintil 1, como le llama el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) al sector más pobre de la población es de 26, 891.40 pesos, cifra que necesita esa persona para llegar a fin de mes.
Pues bien, el salario mínimo en una microempresa es a febrero de 2024 de 13,685 pesos, apenas un 50.9% del costo de la canasta básica; de 14,835 pesos en la pequeña empresa, un 55.2%; de 22,137.50 pesos en la mediana empresa, un 82.3%; y de 24,150 pesos en la gran empresa, un 89.8%. Como puede apreciarse, en todos los casos el salario mínimo es inferior al costo de la canasta básica, y la diferencia es más grave cuando se toman en cuenta los salarios mínimos que se pagan en sectores especiales, como zonas francas, turismo y vigilancia.
Todo esto sucede porque estamos ante un gobierno incompetente e indiferente a la suerte de la población que desde 2020 ha estado sujeta a un incremento de los precios que ya lleva acumulado en cuatro años casi un 25%. En 2021 y 2022 el valor del índice de precios se ubicó en 8.25 y 8.8% respectivamente, en tanto que en 2003 cerró con un valor de 4.8%, lo que implica que todos los días se contabilizan más familias con ingresos devaluados que no les alcanzan para llegar a fin de mes.
No obstante, desde el BCRD se insiste que los precios están bajando, desconociendo los resultados de la encuesta de 2023 de la empresa “Kantar”, división “Worldpanel”, en la cual se informa que el 49% de los dominicanos pidió prestado para comprar alimentos, situación que se correlaciona con las estadísticas oficiales que reportan el vertiginoso aumento en el endeudamiento de las personas por el uso de tarjetas de crédito.
Ante esta realidad calamitosa que vive nuestro pueblo el gobierno ha decidido comprar su reelección. Sabe que en un libre juego democrático no será favorecido en las urnas, y por eso ha puesto en marcha un conjunto de acciones que socavan la democracia y nos conducen a un gobierno que corrompe la institucionalidad.
Es así como vemos desnaturalizar los programas de protección social, que con tanto esfuerzo y esmero se organizaron en el pasado reciente, para convertirlos en planes de corte populista y clientelista, convirtiendo a Supérate en un festín que ha generado su descrédito, con tarjetas clonadas, meses que se acumulan sin pagar la tarjeta y sin una selección científica de sus beneficiados.
El pasado diciembre sacaron a la calle 3 mil 750 millones de pesos en un llamado “bono navideño”, para ser distribuido hasta el mes de junio de este año, en una Navidad de seis meses, que fue entregado, no a los pobres, sino a la presidencia de la República, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de la Presidencia, al Plan Social de la Presidencia, al Consejo Nacional de Gestión Presidencial y al Despacho de la primera dama.
El festín ha seguido con el otorgamiento de pensiones que son conferidas a título discrecional por el presidente de la República, sin que hasta ahora se sepa cuál es el monto erogado y cuáles son las condiciones y méritos necesarios para ser beneficiario.
Las quejas e irritación del pueblo los tienen tan atemorizados que como bazar turco al mejor postor han comprado a 31 alcaldes que pertenecían a partidos opositores y la feria ha continuado hasta la fecha con ofertas y compras de candidatos y dirigentes de la oposición.
Para rematar su deriva autoritaria y garantizarse el resultado del proceso electoral de mayo venidero, el gobierno no ha vacilado en negar los fondos que la Junta Central Electoral le ha reclamado correspondientes a la subvención que por ley debe ser entregada a los partidos políticos.
Hay que ganar y asegurar la reelección, aunque el pueblo se queje y condene al Gobierno por el alto costo de la vida y por la inseguridad ciudadana, y para lograrlo poco importan las normas de la democracia y de la institucionalidad del país. Penoso y peligroso.