Constructores y desarrolladores de La Altagracia conocieron diversos aspectos de la Ley Fatca
PUNTA CANA. La Asociación de Desarrolladores y Constructores de la provincia La Altagracia (Adecla), organizó un taller sobre la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, conocida en sus siglas en inglés como Fatca, con la finalidad de dar a conocer diversos aspectos que contiene este texto jurídico y su importancia en el sector.
La actividad estuvo facilitada por el gerente de División del Área de Cumplimiento del Banco Popular, Linder Paulino, quien detalló que el Fatca es una ley estadounidense que refiere que todos los sujetos obligados de las instituciones financieras del mundo tienen que identificar a los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos.
“Nosotros como entidad bancaria estamos llamado a una diligencia para identificar a esas personas y reportarlas en ese país. El sector de la construcción pudiera ser vulnerable si tienen cuentas que sobre pasan los 250 mil dólares y poseen identidades que se denominan pasivas, constituidas en los Estados Unidos, es decir que no tienen operaciones”, explicó.
Paulino destacó que los ciudadanos y residentes de la nación norteamericana que tengan balance consolidado por encima de los 50 mil dólares, deben tener sus cuentas al día, ya que los Estados Unidos lo que busca en contrastar informaciones.
“Estamos atravesando un mundo de transparencia donde se busca que las instituciones actúen de manera correcta y nosotros como Banco Popular, promovemos el cumplimiento de las normas y estándares internacionales. Es una manera de apoyar a este sector y muestra el compromiso con el éxito que está teniendo el mismo”, agregó.
Asimismo, señaló que la República Dominicana acciona positivamente en torno al tema, porque se suscribió un acuerdo con los Estados Unidos el año pasado, el cual está en proceso de ser ratificado por el Congreso Nacional y está en fase de ser conocido por el Tribunal Constitucional.
La ley Fatca es un reglamento del código fiscal de Estados Unidos que obliga los bancos y todas las instituciones financieras de los países que han aceptado un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos a firmar con el Departamento del Tesoro de ese país un convenio en el cual se comprometen a comunicarle todas las cuentas detenidas por ciudadanos americanos.