Autoridades de La Romana inician batida contra “dueños” de los espacios públicos de esa ciudad
LA ROMANA. Unas 52 personas, 12 carros usados para negocios en las aceras y diversos artículos fueron retirados de los espacios público que ocupaban en esta ciudad, durante un operativo de rescate de esos lugares realizado por las autoridades locales.
La jornada fue encabezada por el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), y la Policía Nacional y Municipal. Esta medida generó el descontento de buhoneros que ofrecen sus mercancías en estas áreas, quienes debido a esta situación dijeron sentirse desamparados.
El operativo abarcó por la plaza artesanal, las calles Gastón Fernández Deligne y la Eugenio A. Miranda, donde había una botellera con montañas de cajas en plena acera, constituyendo esto un riesgo para el transeúnte, no solo por ocupar la acera sino por el peligro de que en algún momento pudieran caer algunas cajas y provocar algún accidente lamentable.
También fueron encontrados vehículos parqueados, hasta cafeterías con casetas improvisadas y grandes tiendas con sus mercancías en las aceras. Carlos Manuel Fortuna, segundo teniente de la Fuerza Aérea y director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de La Romana, dijo que estas actividades son la continuidad de un plan que dirige el alcalde José Reyes, con la finalidad de devolverle a la ciudadanía los espacios públicos.
Esto así, dado que en los últimos tiempos la gente de una manera desconsiderada se ha apropiado de las vías, bajo la justificación de que son padres de familia y necesitan producir, arrabalizando así las vías, casi completamente.
“Entendemos que sí, son padres de familias que necesitan producir, pero eso no les da derecho a que a otros padres de familias ellos les impidan caminar por las aceras. Hemos visto casos donde personas son atropelladas por bajar al pavimento, porque las aceras están obstaculizadas”, expuso Fortuna.
Dijo, además, que aunque se ha controlado la situación la gente generalmente apela al cansancio de las autoridades, por lo que reiteró que en este trabajo no pretenden cansarse, y las veces que tengan que quitarlos lo van hacer, siempre con régimen de consecuencias, “por lo que si no se acogen al llamado el Ayuntamiento va a proceder a someterlos a la acción de la justicia”, advirtió el oficial.
Señaló que como Policía Municipal tienen un servicio constante, una patrulla vigilante en esas áreas que fueron recuperadas, en muchos casos de forma permanente, para evitar que la gente vuelva a situarse en esos espacios.
Fortuna Indicó además que el plan de rescate de espacios públicos contempla no sólo las zonas céntricas, sino también de los barrios, y que las personas que sean reincidentes serán sometidas a la justicia, sus bienes incautados y los comestibles donados al Orfanato de Ancianos.
Dijo, asimismo, que también por instrucción del alcalde José Reyes están trabajando la seguridad de los turistas, por lo que han diseñado un esquema de seguridad que comprende todo lo que es el corredor turístico, que comprende una ruta desde el puerto hasta una buena parte del centro de la ciudad, donde los visitantes puedan ver la belleza que tienen como ciudad y a la vez sentirse seguros.
Defensa de los buhoneros
Los buhoneros, en su mayoría de nacionalidad haitiana, al ser entrevistados al respecto manifestaron sentirse desamparados de su único medio de sustento, y al mismo tiempo que son despojados de sus mercancías. Y es que según dijeron, el Ayuntamiento recogió todo y se lo llevó.
Algunos, como el nacional haitiano Lucien Cristol, dicen se la pasan dando viajes hacia el cabildo, a ver si les devuelven su mercancía dentro de las cuales tienen zapatillas, perfumes y demás artículos. Según dijo, esos productos están valorados en unos 20 mil pesos, situación que los tiene desesperados, ya que de ahí busca el dinero para comer todos los días.
En la misma condición está Juan Franco, también haitiano, quien dijo que llegó siendo un jovencito a La Romana, donde hoy vive con toda su familia. Explicó que lleva 30 años trabajando como buhonero, y dice que no quisiera estar allí, pero que cuando se tiene familia
no hay elección. Asimismo, indicó que anteriormente le dijeron que los ubicarían en otra calle menos transitable, pero que después de eso dejaron de ir y volvieron de repente, recogieron toda la mercancía y la subieron en un vehículo, sin preguntar a nadie.
“Cuando se están llevando las mercancías, uno se siente mal; tú sabes que uno se está buscando su comida y viene una gente a llevarse lo tuyo así, y esos guardias y las autoridades que había nos dijeron que el día que ellos vuelvan y nos revelemos nos van a matar a todos. Nosotros, los pobres, no tenemos ayuda de nadie; valemos menos que una guayaba podrida; el pobre no tiene derecho a nada”, se quejó Franco.
Sin embargo, Fortuna, director de la Policía Municipal, dijo que cuando se inició este plan de recuperar los espacios públicos, no sólo se notificó sino que un mes antes comenzaron una campaña por diferentes medios de comunicación, incluyendo vehículos con bocinas para las personas que no tienen acceso a otros medios, que generalmente se les informa y se les da un plazo de 48 o 32 horas, y no obstante a eso vuelven y se notifican.
Al preguntarles a los buhoneros si tenían conocimiento de que está prohibido ocupar las aceras, dijeron que por tal motivo tratan de dejar un espacio para que la gente pueda pasar, recalcando que están en eso porque no tienen otra cosa que hacer. Señalan que inclusive cuando se quejan por el desalojo les dicen que pongan una demanda judicial, pero señalan que no lo hacen porque saben que eso no prosperará.
Se recuerda que la fiscalía del Juzgado Especial de Paz, que dirigía en ese entonces la fiscal Olga Lidia Coss Acevedo, en agosto del 2016 desalojó de las aceras de distintos lugares de esta ciudad a vendedores ambulantes que entorpecían el tránsito, lo que impedía que los transeúntes circularan libremente por esas vías, dándole primero un plazo de una semana para que se retiraran.
Al darse cuenta de que esos comercios no hicieron caso a esta advertencia, las autoridades procedieron al desalojo. Durante el operativo, fueron incautados sillas, motores, carros de ventas de hamburguesas (chimi) y mesas que obstruían el tránsito peatonal.
Según establece la Ley 63-17, en su artículo 219, toda persona que sea encontrada situada en calzada de rodaje de una vía pública, sea para tomar vehículo, parquearse, hacer colecta de cualquier índole, distribución de propaganda, de cualquier clase, vender ofrecer para la venta producto, objeto o artículo de cualquier clase, acostarse o sentarse en el pavimento con cualquier fin, serán sancionados con una multa de un salario mínimo del sector público centralizado.