Venezolanas esclavizadas en bar de Higüey narran horrores a los que fueron sometidas
Documentos a los que tuvo acceso este semanario, donde están asentados testimonios de estas extranjeras a las autoridades judiciales de La Altagracia, señalan que estas mujeres eran obligadas a tener relaciones sexuales incluso durante el período menstrual. Aseguran que el dinero que les pagaban sus clientes era retenido por los propietarios del negocio VR City Lounge Bar, donde trabajaban, como mecanismo de cobro por haberlas traído desde Venezuela.
HIGÜEY. La situación económica las llevó a salir de su natal Venezuela en busca de mejor vida, pero las tres sabían a lo que venían a este país. Verónica, Cristina y Yaneth (nombres ficticios) no desconocían el trabajo que iban a realizar en República Dominicana, pero jamás imaginaron que experimentarían de la peor forma la esclavitud a la que fueron sometidas.
Las tres mujeres forman parte de un grupo de 25, cinco de ellas dominicanas, que fueron rescatadas por las autoridades el pasado mes, de un negocio que operaba en Higüey, adonde llegaron producto de la crisis política, con serias consecuencias económicas, que vive en estos momentos Venezuela.
Por recomendación de algún allegado, las venezolanas se pusieron en contacto con los dueños del negocio VR City Lounge Bar, quienes les compraron el pasaje servidoras sexuales, según sus propias declaraciones.
Detallan que el boleto aéreo era pagado supuestamente por Raquel Santana, equivalente a unos 700 dólares, con quien también definían la forma de cómo debían saldar la deuda, que era trabajando en el bar ofertando sus servicios sexuales.
Dijeron que al llegar al país sus pasaportes fueron retenidos supuestamente por la señora Raquel Santana, pues tenían la obligación de trabajar para ella mientras tuvieran la deuda, y no podían ir a trabajar a otro negocio ni tomar vacaciones, porque ella decía que tenían que buscar la manera de pagarle su dinero.
Sostuvieron que las salidas con los clientes dependían de si eran de paso o de amanecida. “El costo dependía: de paso, eran 3,500 pesos, y de amanecida 6,000 o 5,000 pesos. De ahí, uno negociaba, pero en caja, si la salida era de paso, ellos (los dueños del negocio) cobraban 500 pesos, y 1,000 pesos si era de amanecida. No obstante, al no haber cancelado la deuda, se quedaban en caja con todo el dinero, hasta que pagáramos”, apuntan los testimonios judiciales de estas mujeres, a los que El Tiempo tuvo acceso.
Narraron que podían salir con más de una persona a la vez, pero que eso dependía de ellas. Dijeron que a esto último nunca la obligaron y que las salidas de las noches dependían de como estuvieran las mismas, pero que a mayor cantidad de salidas más rápido pagaban la deuda.
Explicaron que la señora Raquel Santana les informó de la vestimenta que debían utilizar, que eran trajes de baños, babydoll (una camisola corta femenina de tirantes, normalmente escotado, que suele llegar hasta las caderas), y body, dependiendo el día.
El body es una prenda interior de una sola pieza que cubre el tronco del cuerpo, pero no las extremidades; es usada como ropa interior por mujeres. Las venezolanas dijeron a las autoridades que estas vestimentas tenían que comprarlas ellas mismas.
Manifestaron que al llegar a Higüey las llevaron a residir en una casa ubicada en el sector Los Rosales, donde también vivían entre 15 y 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad venezolana, y dos dominicanas. Tenían que pagar el alquiler de 500 pesos semanales, cada una, y debían cubrir ellas mismas su alimentación.
La llegada…, y su pesadilla
Las suramericanas llegaron al país en fechas distintas, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en la capital, por donde viajan la mayoría de los venezolanos que residen actualmente en territorio dominicano. En su testimonio a las autoridades judiciales de Higüey, Verónica narra que llegó al país el 16 de agosto del 2017, y que nadie la recibió.
Ya en suelo dominicano, esta mujer dice que llamó a Raquel Santana, su contacto, quien le indicó que tomara un taxi hasta Higüey.
“Si tenía el periodo (menstruación) tenía que ir a trabajar, porque esto no era impedimento (según los dueños del establecimiento). Estábamos obligadas a mantener relaciones sexuales con el periodo menstrual; nos mandaban a ponernos tampones”, exteriorizó Cristina.