Comunidad china califica como “chantaje” apresamiento de comerciantes por falsificación
Familiares y compatriotas de los cinco comerciantes chinos apresados el 28 de diciembre del pasado año, catalogan como un “chantaje” dicha acción por parte del Ministerio Público, por supuestamente vender prendas de vestir falsificadas en sus establecimientos.
LA ROMANA. Familiares y compatriotas de los cinco comerciantes chinos apresados el 28 de diciembre del pasado año, catalogan como un “chantaje” dicha acción por parte del Ministerio Público, por supuestamente vender prendas de vestir falsificadas en sus establecimientos.
Yan Wang, gerente de diversas tiendas diseminadas en el centro de la ciudad, respondió hacia estas acusaciones como un atropello a dichos comerciantes, debido a que se realizaron trabas para mantener la permanencia de los orientales encarcelados.
“Ellos apresaron a los seis chinos un 28 de Diciembre, sabiendo que se aproximaban la fiestas navideñas y dilatar el proceso; retrasaron la sentencia hasta el día 31 en la tarde para que no pudieran pagar la fianza a tiempo y así durar más. Esto se ha convertido en un chantaje” expresó el propietario de las tiendas Mars Wang en La Romana.
En tal sentido, defendió a sus compatriotas que están en el país, a quienes consideró como trabajadores y honrados. Sostuvo además que el abogado Geraldo Espinosa no es el representante legítimo de las marcas que supuestamente fueron confiscadas.
Éste refutó a Wang diciendo que los comerciantes afectan muchos intereses debido a que venden a grandes cantidades de productos que no son originales. “Ellos incurrieron diversas leyes de propiedad intelectual y libre comercio, pues se lucran de esas marcas y la traen en furgones” acotó Espinosa.
Estos apresamientos fueron fruto de diversos operativos realizados en varias tiendas, donde los fiscales adjuntos cargaron con diversas mercancías de las marcas LTB, Diesel y Michelin.
El pasado 31 de diciembre, el Tribunal de Atención Permanente, de esta ciudad, impuso una garantía económica de 30 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica a los acusados de comercializar productos falsos.
Mientras que, el Ministerio Público estuvo representado por los abogados Héctor de los Santos y Surielly Guerrero, quienes solicitaban un millón de pesos de garantía económica como medida de coerción.
La comunidad china planea presentar el caso ante la embajada del país asiático en República Dominicana, a los fines de buscar una solución a este conflicto, que toca una parte sensible de la recién apertura de las relaciones diplomáticas de ambos países.