No hay excusa
El nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Román Jáquez, ha advertido, bien temprano, que las elecciones del 2020 se verían afectadas si no se aprueban – como es vieja e imperiosa necesidad– las leyes de organizaciones políticas y del régimen electoral.
Después de tanto zarandeo y boicot de la iniciativa de parte de todos los partidos, que no han querido control ni orden, en la actual coyuntura, particularmente el PLD, con mayoría abrumadora en el Congreso, no tiene ninguna excusa para dar más larga. Y peor, de que por culpa de unas diferencias que -por el bien interno y de todos- deben ser afinadas, les caiga solo a los morados todo el peso del muerto en los pies. El PLD bien puede exhibir – y jactarse- de que además de su obra en infraestructura, trabajo en la educación y estabilidad macroeconómica, cuando empezó a gobernar, en 1996, la riqueza del país era de 18,000 millones de dólares, y en el 2016 (con la pausa del gobierno de Hipólito en el 2000-2004) se colocó en unos 67,000 millones, casi cuatro veces más. Y en ese crecimiento de la economía en todos los gobiernos morados –y aunque no visto por muchos críticos-, se ha creado una sociedad diferente, aunque los partidos todos, se han quedado rezagados. De ahí la necesidad de una ley de partidos y la electoral –ya solo en manos de Danilo y de Leonel-, para obligar a las organizaciones políticas a asumir su rol constitucional signado en el artículo 216, que ordena sustentar su formación y funcionamiento en la democracia interna. De eso, lo más discutido son las primarias simultáneas con padrón abierto, con el de la JCE. Y se entiende que si el funcionamiento y organización de los partidos se sustenta en su democracia interna, los que deben decidir son sus miembros, los inscritos por cada entidad en su padrón de membresía, no los que figuren en el listado de un órgano del Estado, como la JCE, que pudiera ser penetrado o contaminado por intereses diversos. Escoger el candidato es facultad constitucional de cada partido político, que no puede ser puesta en otras manos, y correr el riesgo que se lo señalen desde afuera, quizá por mas vulnerable (¿). Además, se tiene el precedente de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, de marzo del 2005, para las primarias con padrón abierto. Y, anterior a la Carta del 2010, es del grupo de “la cosa definitivamente juzgada”, o sea, de lo “no revisable”, conforme al artículo 277 de dicha Constitución. Entonces, si ya hay jurisprudencia ¿por qué tocar una tecla que mañana pudiera caer en el TC? Al PLD le va apoyar su gobierno, y a éste dejarse apoyar y respetar sus acuerdos.