LA SINCERIZACIÓN PATRIMONIAL, UN GRAN PASO
La iniciativa del Gobierno de proponer una ley de sincerización patrimonial para que todos los contribuyentes, sean negocios, empresas o individuos, transparenten los bienes sujetos a tributación y regularicen así sus compromisos con el fisco, que legalmente son y deben ser ineludibles, constituye un gran paso.
El director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, hizo este anuncio en el Desayuno del Listín Diario, como parte de los esfuerzos para simplificar la estructura impositiva del país, compleja y difícil de asimilar en nuestra cultura contributiva.
Siempre fue difícil para toda sociedad pagar impuestos. Hasta al propio Jesucristo, en algún momento, le tendieron una trampa con una disyuntiva impositiva. Hoy nuestro país tiene la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que si bien implica fuertes restricciones a operaciones que antes eran abiertas y poco escrutadas, constituye otro de los pasos dados en aras de la transparencia, control de evasión y negocios ilícitos. Para que tengamos éxito en el cumplimiento de nuestros deberes impositivos y mejoremos nuestra ética, competitividad y forma de hacer negocios, se hace necesario fijar un punto de partida que le permita a aquella parte de la sociedad que aún no está del todo transparentada en su patrimonio y transacciones comerciales actuales, regularizarse sin tener el temor de que la cola que deja atrás pueda ser pisada y, en el acto, sufrir traumas de consecuencias desastrosas e irreversibles.
En realidad, hemos tenido varias oportunidades de regularizar la situación patrimonial de empresas, negocios e individuos con leyes que se han emitido desde el 2000 hasta el 2012.
Una nueva ley tendiente a dar esas oportunidades a quienes no las aprovecharon anteriormente, puede traer conflicto y malestar con aquellos que nunca han necesitado de estas leyes facilidades, con los que ya lo hicieron en los momentos que se dieron y, ¿por qué no?, también con los pequeños contribuyentes que sufren diariamente las arbitrariedades que suelen ocurrir en los llamados puntos de fiscalización, llegando a determinar deudas que no siempre son justas o reales y que pueden resultar impagables.
No obstante esto, se hace necesario dar una nueva oportunidad para regularizar los patrimonios, sin limitarla solo a los que están pendientes de regularizar su situación o a algún sector en específico de los contribuyentes.
Lo razonable es dar una oportunidad universal a todos los contribuyentes, pero con equidad, pues no es lo mismo transparentar un patrimonio que nunca ha pagado impuesto (el cual debe pagar la tasa máxima o de no menos de un 15%), que la regularización de deudas, errores, asuntos estratégicos de prescripción y omisiones eventuales.
Estos últimos aspectos deben ser tratados con procedimientos y tasas mucho menores, pues lo que debe primar es el sentido de oportunidad que se les ofrecerá a todos, sin que se entienda que están premiando a unos pocos.