Políticas públicas y religión
La Constitución de República Dominicana hace referencia en su artículo 45 a la libertad religiosa y de culto, lo que me parece excelente, porque vivimos en un país democrático donde se tiene la posibilidad de tomar decisiones en nuestras creencias sin imposiciones.
Ahora bien, a mi entender, lo que no es democrático es que un o una servidora pública quiera legislar de acuerdo a sus convicciones dogmáticas y de fe, porque considero que está en el cargo para crear acciones para el bienestar común, no las “suyas propias”. Cuando hablo del bienestar común significa que también debe pensar en acciones que convengan a los ateos y ateas, a los que crean en Dios o en otros dioses. Gústeles o no, los puestos públicos son de orden, como su nombre lo indica, “público”.
Las cuestiones religiosas, que casi siempre son absolutistas, se pueden dirimir en otros ámbitos, como la familia, en sus grupos, pero nunca se debe esperar que un país se mueva de acuerdo a criterios religiosos personales. Quienes no puedan hacerlo y vaya en contra de su ética personal, entonces deben dejar el cargo ipso facto.
El rol de un empleado del Estado es el de la protección y defensa de los recursos estatales, los cuales pertenecen a la sociedad (de la cual forman parte); esa es la tarea fundamental, el no hacerlo es atentar contra el bienestar de la colectividad. Es una persona cuya función tiene que ser de utilidad social. Esto quiere decir que su labor va dirigida al beneficio de todos y de todas y no a generar satisfacciones privadas. Los servidores públicos son para la nación y, nunca deben estar al servicio del interés de las congregaciones.
La gestión pública no debe basarse en las creencias y devociones de funcionarios y políticos que inciden en las políticas sociales y económicas aduciendo tradiciones, creencias y cultos mayoritarios que suponen son parte de la cultura política. Hay que prestar atención a los cambios que se están gestado. Estamos frente a una ciudadanía que busca tener impacto e intervenir en las estructuras superiores que conforman el país. Es deber de los legisladores y legisladoras resguardar no imponer su propia manera de interpretar las cosas como visión del Estado. Sabemos que la objetividad es una tarea imposible, y que separarnos de nuestras creencias es un trabajo aún más complejo, pero cuando esto entra en conflicto, hay que hacer el ejercicio y pensar en el bien público, y si eso no se puede lograr, lo más ético es inhibirse. Lo cierto es que políticas públicas y religión, cualquiera que sea esta última, definitivamente no deben ir de la mano.