La Defensora pasa prueba moralidad
(+) El informe de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo desde el primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del año 2017, fue emitido el 9 de noviembre del 2018.
La Cámara de Cuentas estableció, en un informe de auditoría, que los principales funcionarios del Defensor del Pueblo dieron estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
“Se observa que las actuaciones de los principales funcionarios se enmarcan dentro de los principios éticos y morales que regulan el ejercicio de la función pública”, destaca.
El informe recoge los resultados de la auditoría que la Cámara de Cuentas practicó a las informaciones financieras de la ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo desde el primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del año 2017, emitido el 9 de noviembre del 2018.
Determinó que los estados de ejecución presupuestarias examinados presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes,
CONSTRUCCIÓN DE SEDE:
El Defensor del Pueblo suscribió un acuerdo de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para dotarlo de las infraestructuras físicas adecuadas. Implica una inversión de US$3 millones para la construcción y equipamiento de la sede en el Distrito Nacional, el edificio en Santo Domingo Este y adecuación del de Santiago. los ingresos y desembolsos realizados en el período analizado.
En la resolución que aprueba el informe de auditoría, se resalta que ante el cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos y normativas, procede a acoger las disposiciones relativas a la presunción de legalidad en las operaciones y actividades ejecutadas por los funcionarios de la entidad.
El Defensor del Pueblo está dirigido por la doctora Zoila Martínez Guante, y como defensoras adjuntas tiene a las doctoras María Batista y María Ramos.
En el reconocimiento de los gastos, el informe de la auditoría se indica que el Defensor del Pueblo reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir, cuando se incurre en los mismos.