El pacto migratorio de Marrakech
El Gobierno dominicano se ha unido al grupo de nueve países –todos de la agrupación de “Europa Occidental y Otros”– en su rechazo del muy discutido compacto migratorio de la ONU. Está claro que más países comparten la opinión de este grupo, y también está claro que un grupo numeroso de países –la enorme mayoría – sigue apegada al proceso.
Por el tono de la discusión reciente en los medios dominicanos, parecería que el paso de diciembre tiene mucha importancia – cosa que no es cierta. Todavía no se han decidido cuáles reformas saldrán del proceso. El régimen migratorio internacional presente –establecido en un contexto de inmediata pos-guerra mundial– claramente no se aplica bien al presente. Políticos de izquierda, derecha y de todo lo otro, están de acuerdo en que el sistema presente de migración internacional está mal ajustado y fallando. Internacionalmente, se puede encontrar la misma disyuntiva política en fronteras tan variadas como las de Australia, Myanmar, Estados Unidos, la Unión Europea, y docenas de países africanos cuyas fronteras son aún más porosas que las mencionadas (e incluso las nuestras). Los bandos políticos llegan a esa conclusión desde puntos de partida muy diferentes, y sus soluciones también son diferentes. Algunos quieren construir un muro que paguen los haitianos, otros entienden que Santo Domingo debería de responsabilizarse más por la penuria de nuestro vecino. Lo que sí es una irresponsabilidad es ausentarse de un debate internacional cuyo tema es la migración. República Dominicana tiene una experiencia única que aportar a esa discusión – en calidad de país de origen de migrantes como lo somos también de tránsito y de destino de migrantes de todo tipo. Sin nuestra presencia, el debate será más pobre. De hecho, se puede decir lo mismo del resto del grupo que boicotea la conferencia. A un tratado migratorio creado en la era de Trump debería de faltarle su voz?
Siendo el primer país del grupo de América Latina y el Caribe que se une a la resistencia soberanista, Santo Domingo tiene una posición ventajosa en el grupo donde se encuentra. Muchos de nuestros vecinos caribeños y latinoamericanos comparten quejas sobre el tema desde hace décadas. Nuevas crisis, como la de Venezuela, traen nueva urgencia a la necesidad de reformar el sistema migratorio internacional. La presencia simultánea de Santo Domingo –junto a Bruselas, Varsovia y Washington– en el Consejo de Seguridad durante el 2019 garantiza que tendremos que fijar posiciones sobre el tema en un foro de altísimo nivel.
Perú, país que ha reforzado los requerimientos de entrada para Venezolanos, también nos acompañará en el Consejo de Seguridad hasta el final del 2019. La coalición gobernante de Bélgica – otro país presente en el Consejo – está bajo amenaza de ruptura por el mismo tema.
Faltando menos de una semana para la conferencia, está demás decir que la decisión de Palacio sobre la conferencia del 2018 ya es final. Sin embargo, valdría la pena trazar una estrategia a más largo plazo sobre el tema. Reunirse con ese grupo de 9, y con cualquier otro país que tenga posiciones fuertes sobre el tema, debe ser prioritario. Arribar a la próxima reunión con una posición común debería de ser nuestro objetivo, promulgado tanto por Cancillería como el Palacio. Ya hay suficientes países como para influir en el resultado de ese proceso diplomático, y un gobierno que prioriza el interés nacional –como el que tenemos– debe de poder convocar países de esa índole para un tema que le incumbe y donde nuestros intereses coinciden.