Celulares traspasan las rejas en todas las cárceles del país
Los operativos realizados y los planes anunciados en República Dominicana, tanto por el Poder Ejecutivo como por las autoridades penitenciarias con el objetivo de evitar que los privados de libertad usen aparatos móviles en los recintos no han sido efectivos.
Aunque no está permitido el uso de celulares, y por lo general en la entrada de los recintos hay un letrero con los objetos que están prohibidos, entre ellos teléfonos móviles, los reos se las ingenian para portarlos, burlando las disposiciones administrativas y los controles de seguridad.
El pasado jueves se observó en un video a reclusos usando celulares en la penitenciaría La Victoria, cuando despedían al merenguero urbano Antonio Peter de la Rosa (Omega), luego de ser beneficiado con una libertad condicional. Omega fue condenado a cinco años de prisión en septiembre del 2016 por violencia de género.
La prohibición
El 9 de septiembre del 2011, el presidente Leonel Fernández prohibió el uso de celulares en las cárceles, como parte de una serie de medidas que adoptó en un encuentro que encabezó en Santiago con representantes de los organismos de seguridad del Estado y del ministerio público.
Fernández dijo esa vez que mediante el uso de celulares los presos por narcotráfico ordenaban nuevos crímenes, por lo que “pidió que se prohíba el uso de teléfonos celu- lares en las cárceles dominicanas”.
Instruyó al procurador de esa época, Radhamés Jiménez Peña, para que diera una respuesta rápida al problema, adoptando todos los dispositivos tecnológicos de lugar, con el objetivo de que no puedan realizarse llamadas telefónicas de presos en los recintos carcelarios.
Luego, en noviembre del 2014, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito anunció la ejecución de un plan para bloquear las señales de celulares en las cárceles, con un piloto que iniciaría en la del 15 de Azua.
En esa época, las autoridades prometieron la instalación de bloqueadores de señales telefónicas en la medida en que contaran con los fondos. En enero de 2017, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de la señal en los centros penitenciarios del país, pendiente de aprobación en el Senado.