Nueva ley migratoria EU afecta más al país
REPATRIADOS ENFRENTAN DIFICULTADES PARA REINSERTARSE EN SOCIEDAD
(+) Considerán necesario el debate sobre la presencia e impacto de los deportados en la agenda del tema de migración como parte de la migración de retorno y las políticas de inclusión del Estado.
República Dominicana es uno de los países que se ha visto afectado por el aumento en las deportaciones desde los Estados Unidos a partir de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante promulgada en 1996. Debido a la gran población dominicana en los Estados Unidos, así como la expansión de la lista de crímenes u ofensas que ahora llevan a la deportación de residentes legales, la cantidad de dominicanos repatriados por casos criminales aumentaron de un 61.6% en 2009 a un 81.1% en 2015, lo que representa un incremento del 19.5% en los últimos cinco años.
Así está consignado en el informe preparado por el Instituto Nacional de Migración dependencia del Ministerio de Interior y Policía, sobre los dominicanos deportados de los Estados Unidos.
El estudio, que recoge las deportaciones de criollos desde el 2012 al 2016, dice además que las mismas por casos no criminales aumentaron en un 4% en 2016 con respecto a 2015.
El desafío
A los repatriados ningún banco le otorga una tarjeta de crédito ni le concede créditos, nadie le da trabajo, no pueden ingresar a las universidades y sufren todo tipo de restricciones en sus derechos ciudadanos, explica la Fundación Bienvenido Seas, que dirige René Vicioso y Amparo Reyes, y que se encarga de asistir a los dominicanos repatriados para que puedan reinsertarse en la sociedad, tener un trabajo digno y superar los problemas psicológicos que la permanencia en prisión puede causar en cualquier persona. Regresar a su país de origen representa un desafío para los deportados, concluye el estudio del INMRD.
El retorno forzado a la República Dominicana, particularmente para aquellos que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, implica un reto debido a la discriminación y el estigma social que enfrentan por esta causa, además de las barreras que se les impone en el ámbito laboral, educativo y social, agrega.
Ciertamente, se añade en la investigación, desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado Dominicano tiene la obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de esta población deportada, generalmente vulnerable y excluida por discriminación, tanto en su accionar como frente al tratamiento de terceros.
Dice que la existencia de un marco general de estigma y discriminación contra las personas deportadas en la República Dominicana apunta a la necesidad del fortalecimiento de las políticas públicas, programas y acciones que sean efectivos para la reinserción de esta población.