LEY ALQUILERES DEJA LOS DESALOJOS A JUZGADOS
La modificación a la Ley de Alquileres de República Dominicana introduce importantes cambios a favor de inquilinos y propietarios, pero mantiene en manos de los juzgados de paz la decisión de ordenar los desalojos correspondientes a las faltas de cumplimiento de los inquilinos, principalmente por falta de pago, cuyo proceso tarda tiempo e implica grandes gastos para los dueños de inmuebles en alquiler.
En cambio, en naciones como Estados Unidos, el inquilino que no paga en la fecha acordada y no explica la causa del incumplimiento y la pronta reposición de pago, prácticamente es desalojado al otro día de no pagar.
Luis Manuel, Fausto, Midelys, son personas que tienen una segunda casa y la han destinado a alquiler, de la cual disponen como una fuente de ingresos para completar los recursos que necesitan para comprar medicamentos y alimentos a la edad que tienen, ya que están pensionados con poco dinero como empleados de instituciones públicas y que señalan como un “dolor de cabeza” el dar con un mala paga como inquilino.
En el caso de Fausto, el inquilino tiene casi dos años que no paga y a pesar de que ha hecho todo lo posible por recuperar su inmueble nediante el diálogo, este “lo marea” y alega que no tiene recursos y no le entrega la vivienda. Dice que no ha ido a la justicia porque conoce de casos de personas que han gastado miles de pesos en abogados, además del tiempo que han dedicado a esa litis, dejando de lado hasta compromisos de trabajo, ganando solo problemas de presión alta por los inconvenientes.
La modificación al Proyecto de Ley General de Bienes de Alquileres y Desahucios, aprobado en la Cámara de Diputados, libera al inquilino del pago de una comisión de alquiler y señala que en todo caso esta deberá pagarla el propietario del inmueble, sin embargo, lo que no está claro es el resultado de uno de sus considerandos cuando deja en manos de los juzgados de paz la decisión final de los desalojos sin que se ponga un tope de tiempo para adoptar la sentencia final, para que no se alargue el proceso y los propietarios no se vean afectados con la pérdida de tiempo y gastos extraordinarios.
En su considerando número dos el proyecto indica que “se debe estimular la participación de la inversión privada nacional y extranjera en la construcción masiva de desarrollos inmobiliarios para ser destinados al alquiler mediante un marco legal que preserve los derechos de las personas intervinientes”.
Igual ocurre cuando se establece un aumento anual de 5%, contemplado en su artículo 12., tomando en consideración la estabilidad de la economía y de la inflación señalada por el Banco Central. No obstante, esa estabilidad con el paso del tiempo puede variar y lo razonable pudo haber sido acorde a la inflación del momento para no afectar la inversión privada.
El artículo 12, sobre Reajuste del precio, dice expresamente que el propietario podrá reajustar el precio de alquiler convenido y pactado al final de cada año del contrato, en un monto no mayor al 5%.