OTRA EXPLOSIÓN MORTAL
La ocurrida en la tarde del lunes, fue la segunda explosión en el Gran Santo Domingo en poco más de treinta días, dejando muertes, heridos, destrucción material y pánico entre sus vecinos más cercanos.
En esta última tragedia que afectó un negocio de combustibles nada claro porque 24 horas después del siniestro sus propietarios no han dado la cara, se lamenta la muerte de dos hombres y heridas de consideración a otros cuatro que están hospitalizados en condiciones críticas. El negocio operaba en una zona suburbana del sector Nuevo Horizonte, en Santo Domingo Oeste, donde según los vecinos había un negocio activo de entrada de combustibles y de venta, sin que aun se sepa si era una empresa establecida conforme a las leyes y provista de los permisos que se requieren para el manejo de carburantes.
Si la vida de trabajadores y vecinos están tan expuestas en casos como el ocurrido en Nuevo Horizonte, corresponde a las autoridades actuar con responsabilidad para evitar que nuevas tragedias sigan enlutando a la familia dominicana. Conocemos que las autoridades emitieron una normativa sobre el transporte de combustibles y la operación de llenado, pero no es aceptable que ella se considere una solución “a futuro” cuando las condiciones de inseguridad e informalidad en que operan estaciones improvisadas especialmente en Santo Domingo, constituyen un peligro para las personas de su entorno. Corresponde a las autoridades realizar un levantamiento nacional para examinar quiénes manejan negocios de combustibles inflamables, su estatus legal y regulatorio, el grado de seguridad de sus operaciones y los riesgos al que exponen a sus vecinos.
Por igual, las autoridades deben aproximarse a las juntas de vecinos, bomberos, iglesias y líderes sociales en cada sector para descubrir los negocios “clandestinos” de combustibles, como paso previo a poner orden en esta actividad comercial que solo deben realizar empresas calificadas y personal adiestrado en los protocolos que garanticen la seguridad de empleados, clientes y vecindario.
Es inaceptable que estos combustibles volátiles se comercien en los barrios y comunidades como si se tratara de agua en garrafones, porque los riesgos y las tragedias serían recurrentes.