NARCOTRÁFICO, VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
SE REQUIERE UNA REFORMA INTEGRAL DE LA POLICÍA NACIONAL, DE LA DNCD, DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA, DE LOS CÓDIGOS PENAL Y PROCESAL PENAL, DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL SISTEMA JUDICIAL
Cada cierto tiempo ocurren acontecimientos vinculados al narcotráfico y a actividades criminales que generan alarma en la población dominicana y estremecen la opinión pública.
Es el caso reciente, por ejemplo, de la muerte del coronel de la Policía Nacional, Daniel Álvarez Ramos, en Baní, por parte de una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas. Pero, de igual manera, de la eliminación de José Alberto Adames, alias Canelo, por parte de agentes policiales, por sus presuntos vínculos con actos delictivos; y el apresamiento en Punta Cana del poderoso y perseguido narcotraficante colombiano Julián Jiménez Monsalve, mejor conocido como “Machete”.
Esos hechos, al igual que todos los actos de violencia ocurridos con anterioridad, ponen de relieve el grave desafío al que se enfrenta la República Dominicana como consecuencia del narcotráfico, la criminalidad y delitos conexos.
Hubo una época en que mientras el tráfico y consumo de drogas se convertía en una trágica epidemia en amplios sectores de la población de los Estados Unidos y de Europa, no ocurría lo mismo en la República Dominicana. Parecíamos un paraíso inmune a esa enfermedad que se esparcía por el planeta.
Sin embargo, durante las últimas décadas ha habido un incremento sistemático del tráfico ilícito de drogas por nuestro país, el cual fue convertido por los carteles internacionales en un país de tránsito o trampolín para su envío al extranjero.
En una primera fase de esas operaciones, los socios locales del narcotráfico internacional recibían su pago en naturaleza, es decir, en dinero en efectivo.
Mientras así ocurría, el territorio dominicano solo servía como medio de tránsito, pero no se había formado aún el mercado de consumo nacional. Eso es lo que explica que durante mucho tiempo, mientras en los Estados Unidos, en Europa y en varios países de América Latina, la juventud sucumbía al consumo de estupefacientes, no ocurría lo mismo en nuestro país.
El cambio en las formas de pago en el tráfico internacional ilícito de drogas hacia la República Dominicana, empezó a cambiar, sin embargo, a partir del conocido caso de Paya, Baní, en el que, en agosto de 2008, siete ciudadanos colombianos, miembros de un cartel de narcotraficantes, fueron asesinados por un grupo rival dominicano.
En ese episodio fueron incautados 1,300 kilos de cocaína y 15 millones de dólares, en efectivo. Eso determinó un cambio en la estrategia de operación del crimen organizado. Para evitar una incautación, tanto de la droga como del dinero, decidieron hacer todas sus transacciones solo en base a la mercancía, esto es, la droga.
Como resultado de ese cambio de estrategia, en el territorio dominicano hizo aparición la existencia de un mercado que antes no existía. Ese mercado fue instalado prácticamente en todo el territorio nacional. Funciona a través de puestos de venta de estupefacientes, en lo que se conoce como el micro-tráfico o narco-menudeo.
Geopolítica de la droga
El gobierno de los Estados Unidos, desde los años 70, al declararle la guerra a las drogas, creó un organismo especial identificado como la DEA, con el propósito de perseguir y detener todo tráfico ilícito de drogas en territorio norteamericano.
A través de ese organismo, las autoridades norteamericanas consideraron que había que atacar el narcotráfico en su lugar de origen, en sus centros de producción.
Por esa razón, en un primer momento, se concentró especialmente en Colombia, el mayor productor de cocaína. Con el tiempo, la producción de sustancias tóxicas y estupefacientes también empezaron a producirse y a traficarse en México y Centroamérica.
Debido a esto, Estados Unidos puso en ejecución tres grandes proyectos para enfrentar a los carteles internacionales de le droga. Estos fueron, a partir del año 1999, el Plan Colombia; el Plan Mérida, del 2007 al 2010; y la Iniciativa para Centroamérica, entre el 2011 y el 2013.
En razón de la efectividad de la aplicación de esos proyectos por parte de los Estados Unidos, se produjo un traslado hacia la región del Caribe de la mayor parte de las operaciones de narcotráfico.
A pesar de la puesta en acción de la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe, esta no tuvo, sin embargo, un nivel de apoyo similar al de los otros tres proyectos de combate a las drogas promovidos por el gobierno estadounidense.
De igual manera, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, Cuba, en su condición de aliado de la antigua Unión Soviética, dejó de ser considerada como una amenaza a la seguridad interior a los Estados Unidos.
Eso determinó, como resultado, que la región del Caribe perdiese valor como área de importancia para los fines estratégicos y de defensa de los Estados Unidos.
Al combinarse ambos factores, esto es, de concentrar el combate de las drogas en Colombia, México y Centroamérica, y dejar de considerar la región del Caribe, donde se encuentra ubicada la República Dominicana, como una zona de interés estratégico, es evidente que se creó una nueva realidad geopolítica.
Esa nueva realidad dejó a la República Dominicana en situación de vulnerabilidad. Esto así, debido a que los carteles colombianos y mexicanos de narcotráfico vieron en nuestro territorio, primero, un lugar menos protegido; y en segundo término, un país con proximidad geográfica con los Estados Unidos, principal destino final de la droga.
Ante la nueva realidad geopolítica creada, los grandes cargamentos de drogas ahora pasan por la República Dominicana, a través de sus costas marítimas, de la frontera con Haití, y en menor medida, por medio del espacio aéreo.
Seguridad Ciudadana
Al pasar los grandes alijos de cocaína y otras sustancias prohibidas por el territorio de la República Dominicana, el pago en especie, o en drogas, que se va dejando en el país es lo que crea el voluminoso mercado de consumo, que se organiza en torno a los puntos de venta o distribución.
Ese mercado cobra mayor importancia, entre otras razones, por el gran cambio demográfico, económico, social, político, cultural y tecnológico que la República Dominicana viene experimentando durante los últimos 20 años.
Con el intercambio de información de inteligencia con la DEA y las autoridades de otros países, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realiza operaciones de vigilancia y control en las zonas costeras, los puertos marítimos y aeropuertos.
La Policía Nacional, por su lado, se concentra en vigilar y perseguir las operaciones de micro-tráfico en los pueblos y barrios del país. Por medio de su Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), coordina e intercambia información sensitiva con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y los demás organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
A pesar de la labor de esas instituciones, la población dominicana se siente atemorizada por el cúmulo de acciones delictivas que continuamente se cometen y que afectan la integridad física y el bienestar de nuestros ciudadanos. Considera que deben tomarse medidas de mayor rigor y eficacia para erradicar un mal que está afectando la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo.
Para disponer de los recursos que permitan acceder al mercado de consumo de drogas, muchos de nuestros jóvenes proceden al asalto, al robo, a la extorsión y otras modalidades delictivas que han ocasionado sangre, luto y dolor en la familia dominicana.
En distintas partes del mundo, para combatir el tráfico ilícito de drogas, se han aplicado diversas medidas de control; se ha militarizado el combate a las drogas; se han aplicado políticas de mano dura y de mano súper dura. Se han ejecutado delincuentes en las calles, tanto por las autoridades como por los propios ciudadanos.
Nada de esto, sin embargo, ha dado resultado. En algunos casos, la frustración y la impotencia han llegado tan lejos, que han bajado bandera frente a la lucha, y actualmente abogan por la legalización de su comercialización.
Esto último, por supuesto, constituye un error. Debe predominar la firmeza y el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, hasta lograr su extinción.
En el caso de República Dominicana, de lo que se trata es de establecer una red de cooperación interinstitucional; de inteligencia; de uso de modernas tecnologías de geolocalización del crimen; de mayor vigilancia y control de nuestra frontera, de nuestros puertos y aeropuertos; así como de persecución y aplicación de medidas de prevención a la comisión de delitos.
En adición, se hace imprescindible aprobar el reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional; conforme lo establece el artículo 258 de la Constitución de la República.
Se requiere una reforma integral de la Policía Nacional, de la DNCD, de los servicios de inteligencia, de los códigos penal y procesal penal, del Ministerio Público y del sistema judicial. De igual manera, de atender las necesidades de los barrios; de promover la educación, la cultura, el deporte y oportunidades de empleos y creación de negocios para nuestra población joven.
Solo así podremos salir hacia delante. No se elimina esta plaga solo intentando atacar puntos de droga, donde las complicidades son más que evidentes, sino desmantelando el tráfico internacional ilícito que entra por nuestras costas y sale por nuestros puertos y aeropuertos.
Es uno de los temas más importantes, aún pendientes, en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. La sociedad dominicana reclama y merece una urgente solución.