COBRO POR LA RECOGIDA DE BASURA SERÁ OBLIGATORIO
Estudio de la Funglode analiza ventajas del proyecto de ley de residuos sólidos.
Una de las bondades del Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos de República Dominicana es el establecimiento obligatorio del cobro por el servicio de manejo de la basura, destacado en el artículo 139 de la referida pieza legislativa.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD), en el caso del cobro por manejo de los residuos sólidos urbanos, los ayuntamientos y juntas de distritos municipales estarán facultados para ello.
La entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) destaca en la investigación que el proceso de manejo de los residuos incluirá la recolección, transporte, transferencia y disposición final.
Además, contiene la posibilidad de que el cobro sea incluido en la factura de la energía eléctrica o en la del servicio de agua potable, según lo estipula el artículo 140 de la normativa que está en curso en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el proyecto de ley no contempla la gestión de las alcaldías en cuanto a los grandes generadores de residuos ubicados en sus territorios, definidos como aquellos que originan 10 o más toneladas al año.
Incentivos
De acuerdo con Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local del OPD-Funglode, otra de las ventajas de la Ley es que establecerá un bono verde para incentivar la formación de empresas y sociedades que se dediquen a actividades que contribuyan al aprovechamiento de los residuos.
SEGÚN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY:
El análisis del OPD-Funglode indica que los grandes generadores por el volumen de residuos que producen son los centros comerciales, supermercados, hoteles, instituciones e industrias.
“Aquí se incluye el desarrollo de tecnología y la investigación científica; así como también se incentiva la creación de empresas que se acojan a un régimen de responsabilidad extendida, donde esas organizaciones se harán responsables del manejo de los residuos tanto en lo industrial como en el consumo”, comenta Disla.
El estudio del OPD cita siete tipos de productos que estarán sometidos al régimen de responsabilidad extendida, entre ellos el poliestireno expandido (foam), los neumáticos, los aceites lubricantes y los medicamentos.
“El bono verde también se establecerá para aquellas empresas que utilicen los residuos para la generación de combustible, así como, para aquellas que reduzcan los efectos de los gases invernaderos. El fondo servirá para financiar la operación de tratamiento y disposición final de los residuos, así como la clausura de los sitios de disposición final a cielo abierto”, resalta Disla.
El OPD-Funglode considera que el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos puede convertirse en un marco legal que lleve a que la gestión, manejo y disposición final de los residuos sólidos en el país, sea un rubro para la inversión y para la generación de riquezas a través de la industrialización.
Disla cree que de este modo la basura se podrá convertir en una fuente de creación de empleos, de revalorización de la materia prima y en un eslabón fundamental de una economía circular en alza.
El especialista en temas de municipalidad puntualiza en que la cultura del “listo para botar” se refiere a la forma indiscriminada de disponer en la fuente de los materiales, envases y objetos una vez termina su uso, mientras la economía circular busca aprovechar el objeto desechado y convertirlo en un bien, ya sea a través del reciclaje o la generación de energía.