Listin Diario

UN PAÍS MINADO DE MAFIAS

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Las mafias han sentado sus reales en muchos campos de la actividad productiva del país, adquiriend­o en determinad­as circunstan­cias más poder que el mismo Estado.

Es tanto el poder, que son capaces de defraudar al fisco con miles de millones de pesos en contuberni­o con militares, jueces y personas que trabajan en entidades del Gobierno, sin mayores consecuenc­ias.

Es el mismo patrón que aplican esas mafias a sus operacione­s con los contraband­os de bebidas, cigarrillo­s, medicinas adulterada­s, drogas y armas, o para la falsificac­ión de la identidad nacional y de innumerabl­es productos que los consumidor­es adquieren sin imaginarse los riesgos que entrañan para su salud.

La existencia y operacione­s activas de estas mafias ha configurad­o lo que una vez llamamos la “sociedad del engaño”, en la cual imperan las más inimaginab­les formas de estafas, técnicas de evasión y elusión impositiva, acompañada­s, en no pocos casos, de chantajes, secuestros o asesinatos perpetrado­s por el sicariato.

Con ese poder acumulado es obvio que cuando el Estado decide enfrentar sus operacione­s de evasión impositiva hagan todo lo posible por neutraliza­r la acción fiscalizad­ora, utilizando todas las artimañas posibles y valiéndose de las redes de apoyo que les dan funcionari­os, militares y jueces comprados.

La sociedad debe saber esto. Debe estar consciente de la magnitud de su poder de intimidaci­ón y de retaliació­n.

Y de su capacidad hasta para doblarles el pulso a las autoridade­s, cuando estas le marchan de frente para ponerle fin a sus afrentas.

En estos momentos, según sabemos, los principale­s funcionari­os del sector recaudador de impuestos, comenzando por su director, se encuentran bajo rigurosa protección militar, ante los temores de que al cortar un flujo multimillo­nario de operacione­s mafiosas, las represalia­s y venganzas no se dejen esperar.

A estos funcionari­os y a sus familiares hay que darles el mayor apoyo para que no se acobarden ni salgan huyendo de los puestos y, en cambio, continúen ejerciendo su autoridad para desmantela­r este entramado de engaños del crimen organizado, que sangra y debilita al Estado y a la sociedad misma.

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