¿QUIÉNES MÁS SE ATREVEN A ESTA PRUEBA?

Por más controles y leyes que obligan a la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la opacidad parece ser una costumbre extendida entre los que administran estos recursos. Por eso la corrupción administrativa está generalizada. Esa mala costumbre es muy propia de los ayuntamientos y de ciertas entidades “autónomas” del Estado, que se creen al margen de la obligatoriedad ética de mostrar las cuentas claras sobre cómo invierten los dineros públicos. Y no solo mostrar la manera del gasto, sino la de transparentar los procesos de licitación de obras y las decisiones que se toman con las cotizaciones o cubicaciones de estas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha asistido a muy pocas instituciones que así se lo han solicitado en la evaluación y monitoreo de sus gestiones financieras, como es el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Tribunal Constitucional.

Todo lo que tiene que ver con los manejos de recursos y licitaciones es supervisado estrictamente por el PNUD. Y en los últimos tres años, también lo está haciendo la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) con las cuentas del ADN, gracias a la iniciativa del alcalde David Collado, que en esta práctica de transparencia ha sido consistente.

¿Por qué no se amplía o se generaliza este sistema entre los demás cabildos que aun no se someten a las reglas de la transparencia ni reportan sus ejecutorias financieras a tiempo ante la Cámara de Cuentas?

¿Qué tan difícil les resulta este ejercicio, si ha probado ser efectivo en las pocas instituciones que no tienen nada que esconder? ¿Quién más se atrevería a dar el paso y demostrar que no pretende esconder nada a la vista de los ciudadanos?