Que se amplíe esa investigación
La investigación que ha abierto la Junta Central Electoral para esclarecer las denuncias sobre la venta de certificados de nacidos vivos en dos hospitales públicos del Este, debería abarcar a los demás, en cualquier región del país en que se encuentren.
Y algo más: debería extenderse hasta las clínicas privadas, ya que las operaciones malsanas que realizan quienes promueven la venta como quienes aceptan el contubernio, pueden no tener límites entre lo público o lo privado.
Cuando la comisión oficial de la JCE profundice sus investigaciones, probablemente descubra que, además de este negocio, hay otro vinculado al no registro de nacidos por parte de los padres.
Esta omisión ha permitido que niños de hijos haitianos, al no ser formalmente declarados por sus padres, quedan automáticamente al amparo de una condición especial que obliga al Estado a asumirlos como niños en orfandad.
Pero el negocio más execrable es el que denunciamos y al que le ha puesto atención la JCE: la comercialización de los certificados de los nacidos vivos para que, tras un mecanismo de suplantación de identidad, extranjeros indocumentados “regularicen” un falso estatus residencial o de ciudadanía.
Trátase de una vulgar venta de la nacionalidad, en la que intervienen primariamente empleados proclives a la corrupción y, en otras instancias, miembros del personal de oficinas del registro civil de la JCE.
En el pasado reciente la JCE descubrió que algunos miembros de su personal, por dinero, facilitaron el proceso para otorgar una cédula dominicana a un peligroso criminal y sicario colombiano, el que se valió de tal documento para sacar pasaporte y actuar en el país como un dominicano más.
Así ha ocurrido con otros maleantes de alto calibre, que utilizan mafias conectadas a esos niveles para obtener documentos truqueados que parezcan legítimos.
El presidente de la JCE, que ha actuado con mucha presteza en este caso, debe extender las pesquisas a todos los hospitales y clínicas del país.