La vivienda irlandesa en crisis
DUBLÍN — Durante generaciones, los irlandeses dieron por sentado que la vivienda abundante y al alcance del bolsillo era el cimiento de las políticas gubernamentales. No hace mucho, Irlanda tenía uno de los índices de propiedad de vivienda más altos del mundo.
Ahora, la nación es presa de una crisis de vivienda. Ha caído el número de propietarios de casas, los desalojos y la indigencia han subido considerablemente, la demanda en rápido aumento de unidades de alquiler ha generado un desabastecimiento, y las rentas en ascenso alimentan las protestas.
Dublín se ha convertido en uno de los 10 lugares más caros del mundo para alquilar, por adelante de ciudades como Tokio y Singapur. Deutsche Bank informó en mayo que el alquiler típico para un apartamento de dos habitaciones, de rango medio en Dublín, era de 2.018 dólares al mes, un 23 por ciento más que en 2014 —el mayor aumento de cualquier ciudad en el nivel más alto.
Tras nueve años alquilando una casa en el norte del condado de Dublín, Sabrina Farrell y sus tres hijos fueron desalojados en abril, cuando su casero decidió venderla. Sin poder encontrar una vivienda al alcance de su bolsillo, comparten una habitación individual en un hotel, pagada por el gobierno local, sin un lugar donde cocinar o jugar.
La indigencia en Irlanda se ha casi cuadruplicado en los últimos cinco años. Las cifras en mayo mostraron 10.253 personas sin hogar, incluyendo a 1. 700 familias con 3.749 niños.
Hasta los que pueden pagar sus rentas encuentran que tienen poca seguridad. Los contratos de arrendamiento pueden ser por tan solo seis meses, y la ley irlandesa permite que los caseros desalojen a los inquilinos si quieren vender la propiedad, renovarla o instalar allí a un integrante de su familia.
Gran parte del disgusto se ha focalizado en las empresas de propiedad extranjera, que han comprado o construido miles de unidades en pocos años y amplían sus posesiones, mientras pagan poco o nada en impuestos irlandeses.
Hay recuerdos arraigados de los inquilinos del siglo XIX, sufriendo a manos de los que alquilaban, muchos de ellos británicos. Tras la independencia del país en los años 20, su gobierno emprendió una campaña de construcción, y vendió viviendas de propiedad pública a los arrendatarios.
Pero en la última década, Irlanda tenía una burbuja inmobiliaria construida a base de la deuda, alimentada por préstamos imprudentes e incentivos fiscales. Cuando la burbuja estalló en 2008, generando una profunda recesión, los precios de los bienes raíces se desplomaron, las personas cayeron en incumplimiento de sus deudas, la construcción se detuvo y los bancos irlandeses, profundamente endeudados con bancos extranjeros, coquetearon con la insolvencia.
La vivienda en propiedad cayó a menos del 70 por ciento de las familias, comparado con alrededor del 80 por ciento de antes.
El gobierno se vio obligado a pedir un préstamo de 77.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, e impuso medidas de austeridad. Los bancos de inversión estadounidenses compraron préstamos hipotecarios a un descuento, sacando provecho mientras el mercado se recuperaba.
El número de familias que alquilaban viviendas de propiedad privada se duplicó, a cerca del 20 por ciento, según Focus Ireland, una organización de defensa.
Irlanda se ha convertido en un imán para las compañías internacionales, atrayendo a miles de inquilinos extranjeros al mercado.
El sitio inmobiliario en internet daft.ie informó recientemente que el pago de una hipoteca mensual de una casa de dos habitaciones en Cork sería de unos 700 dólares, pero la misma costaría cerca de 1.300 dólares en alquiler.
Los precios de la vivienda han repuntado desde la recesión, pero la vivienda en propiedad no lo ha hecho, en gran medida porque las personas que pagan alquileres altos, con frecuencia, no pueden ahorrar para el pago inicial. En mayo, miles de personas marcharon en Dublín para exigir un cambio.
“Un constructor privado está allí para obtener ganancias, pero el gobierno debería estar allí para velar por los ciudadanos”, comentó una manifestante, Lorna O’Sullivan, estudiante de planificación de 25 años. “Este en un país rico, no pobre”.
Crece la ira sobre empresas extranjeras que compran casas.