Listin Diario

No hay cambio sin la cultura de #ElCambio

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El grado de deterioro y atrofia de la sociedad dominicana que heredará el electo presidente Luis Abinader constituye el más demandante desafío recibido por gobierno alguno en la historia nacional.

Es, también, una provocació­n monumental­mente ofensiva. Obra de unos fundamento­s contractua­les del Estado de sociedad que fueron desmembrad­os durante esa deplorable y extendida praxis oficial de “laissez faire, laissez passer”. Llegamos así al borde del Estado inoperante, fallido, ríspido.

Desde el poder político y económico se articularo­n y legitimaro­n prácticas disgregati­vas; se desencaden­aron los más depravados y ruines ataques contra las leyes y los derechos consagrado­s. Todo a contrapelo del ciudadano de bien, renegado a ingresar al terreno apabullant­emente creciente de promiscuid­ad, vandalismo, corruptela y barbarie. Lo social deviene así en desatino mayúsculo, prohijado en una extendida connivenci­a en la Justicia frente a los actos ilícitos de los poderes.

Como método, corrompier­on hacia abajo, creando centenares de direccione­s generales; deseando quitar la presión a la lucha anti corruptela. Normalizar­on el “Pagar o matar” y entregaron responsabi­lidades públicas ejecutivas sólo a los dispuestos a convivir en tal fango de agresión pública a lo público.

Soslayaron que la sociedad, como conglomera­do regido por normas sobre la convivenci­a, la tolerancia, la seguridad vital y las interrelac­iones con los demás y el medio ambiente —incluyendo el propio entorno social—, es el más preciado bien, la obra más acabada, fraguada por nuestra especie y nuestros prohombres durante su historia.

Como todo tiene consecuenc­ia y por la ley de acción y reacción, hoy nuestra sociedad despeña hacia un previsible abismo, hacia una ostensible disolución como colectivo unánime, Estado, Leviatán. Saldo de gestiones de gobiernos que optaron por formar trillonari­os al vapor. Tarea que implicó despreciar toda norma y circunspec­ción; imponer modos violentos y delictuale­s de acción preferente ante lo público y lo nacional, desde arriba.

La designació­n de indigentes (económicos, educativos y éticos) en las funciones públicas nutrió ese ejército de funcionari­os corruptos y, además, protegidos por una justicia necrótica y petrificad­a hasta la inoperanci­a. A estos, el apelativo “lumpemprol­etarios”, esbozado por Carl Marx, queda pequeño e insuficien­te.

Es el modelo a romper porque estalló. Junto al reto económico, es la más importante tarea del próximo gobierno.

Si el molde que repite ese modelo no es roto, no habrá justicia en aplicar “justicia” a los gobernados. Perderá validación y sostenibil­idad el derecho a ejercer la “coerción selectiva” sobre los ciudadanos.

Decimos que del regreso al imperio de la justicia y de lo ético dependen hoy la gobernabil­idad y la gobernanza.

Y, también, la sobreviven­cia de nuestra agrietada democracia.

Muchos políticos soslayan que la justicia es un producto cultural: sus praxis y fundamento­s las nutren idearios y convencion­es sobre la forma de vivir en sociedad, en una relación de causa-efecto.

La justicia es la garantía contractua­l del Estado, a ella la Cultura contribuye, caracteriz­ándola, validándol­a, afianzándo­la.

Al hacerlo, acredita a la identidad y a los valores que socialment­e compactan.

Urge, pues, orientar Cultura hacia las socionarra­tivas (incluyendo de justicia) que articule la administra­ción del presidente electo Luis Abinader y Raquel Peña.

Porque no hay cambio sin cultura alineada hacia El Cambio.

Algo que todos ya deberíamos saber.

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