La Colombia rural aún elude la paz
LA PAZ, Colombia — En un cultivo de coca escondida en la selva, media docena de jornaleros se levantan de las hamacas y se dirigen al trabajo, para recolectar las hojas verdes brillantes, que se convertirán en cocaína.
En el pueblo cercano de La Paz, la base de cocaína se usa como moneda, para comprar pan o frijol. Y las propagandas en la pared de un edificio rinde homenaje a la insurgencia que, en pueblos como este, nunca terminó.
Se suponía que, en Colombia, esas escenas habían quedado en el pasado.
Hace cinco años, el gobierno firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que finalizó un conflicto que se había librado durante medio siglo y dejó más de 220.000 muertos.
Los rebeldes acordaron deponer las armas, mientras que el gobierno prometió a las comunidades rurales empleos, carreteras, escuelas y la oportunidad de una vida mejor. Al abordar la pobreza y la desigualdad, se suponía que la paz extinguiría la insatisfacción que había impulsado la guerra.
Pero gran parte de esa ayuda aún no ha llegado al campo colombiano. Los grupos armados todavía controlan pueblos como La Paz.
“Hablaron de beneficios”, afirmó Jhon Jiménez, de 32 años, un cultivador de coca. “Fue una mentira”.
El acuerdo de paz de Colombia de 2016 ganó la aclamación mundial y un Premio Nobel de la Paz para el presidente Juan Manuel Santos. Desde entonces, más de 13.000 combatientes de las FARC han depuesto las armas y se están integrando a la sociedad. El acuerdo también estableció un tribunal que investiga crímenes de guerra.
Después de cinco años, muchos expertos consideran que un acuerdo de paz es exitoso, si los signatarios no han regresado a la guerra. Pero otros advierten que la transformación del campo —el núcleo del acuerdo— es un proceso que está peligrosamente estancado.
El presidente Iván Duque calificó las críticas como infundadas. “No solo hemos estado implementando, sino que los temas que hemos implementado serán decisivos para la evolución de los acuerdos”, afirmó.
Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, que monitorea el progreso del acuerdo, solo el 4 por ciento de las medidas de reforma rural del tratado se han completado.
Al mismo tiempo, la seguridad ha empeorado en muchas zonas rurales, mientras grupos criminales luchan para apoderarse del territorio, que antes ocupaban las FARC. Los asesinatos masivos, los desplazamientos y los asesinatos de líderes sociales han aumentado desde 2016, según las Naciones Unidas.
Los analistas culpan a Duque y a Santos, su predecesor, por no hacer más.
Durante la guerra, La Paz era territorio de las FARC. La coca era el principal motor de la economía. Los agricultores pobres la recogían, los combatientes rebeldes la recolectaban y los narcotraficantes la convertían en cocaína.
En La Paz, el acuerdo fue recibido con escepticismo —y algo de esperanza. Pero los cambios fueron limitados. Se pavimentó una parte de la carretera a La Paz.
Las pandillas envían cocaína; y las reformas son pocas.
Algunas áreas ya tienen electricidad y ambulancias.
Una facción de las FARC permanece en la selva cercana, acogiendo nuevos reclutas. Y la coca sigue dominando.
“Sabemos que lo que estamos haciendo es ilegal y le estamos haciendo un daño a Colombia y al mundo”, afirmó Orlando Castilla, un líder comunitario de 65 años. “¿Pero de qué otra forma nos ganamos la vida?”.
Colombia celebrará elecciones el próximo año; por ley, un presidente no puede postularse para reelección. Así que le corresponderá al sucesor de Duque intentar construir la paz.
Varios expertos afirman que todavía tienen motivos para ser optimistas. “La implementación será cada vez más difícil”, dijo Kyle Johnson, de Conflict Responses, una organización sin fines de lucro, “pero no imposible”.
“Estamos comprometidos, pero creo que es una labor que tenemos que hacer juntos. No hay otro camino”, expresó respecto a la paz, Feliciano Flórez, presidente del pueblo de Las Colinas,