Una reforma sin igualdad
El gobierno dominicano anuncia una reforma fiscal inevitable, que al decir de algunos funcionarios ya está “madurada” y que, sin que sea sometida a una amplia discusión por parte de todos los sectores sociales, será sometida y aprobada antes de que concluya este año 2021.
Nadie niega las necesidades presupuestarias que tiene el Estado dominicano, ya sea del oficialismo o de la oposición, se sabe desde hace muchos años que la República Dominicana es el tercer país con la más baja recaudación tributaria de toda América Latina.
Esto no fuera un gran problema si aún fuésemos el país que éramos hace 20 o 25 años, época en la que no se comprendía la función de un Estado moderno en el impulso a la economía.
Pero en la medida en la que hemos avanzado y consolidado nuestro objetivo de que la República Dominicana sea un país con una mayoría en la clase media, se hace necesario que el Estado esté en capacidad de realizar las inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos y atender las necesidades ciudadanas.
Si bien es cierto que antes de la pandemia observábamos con preocupación la necesidad de abordar la situación fiscal y tributaria, la realidad es que la pandemia ha agravado la situación.
Las prioridades han cambiado, el comportamiento de los mercados internacionales no es estable, la presión inflacionaria sobre el país genera preocupación y muchas inversiones necesarias se han detenido, en gran parte por el cambio en la gestión gubernamental.
Estos factores requieren que se actúe, pero de manera consensuada. No es posible que se someta un proyecto de reforma fiscal que no haya sido abordado desde la óptica del impacto social que genera.
Es decir, las medidas sugeridas no deben sustentarse tan solo en su valor numérico o en el monto que aportan a las arcas públicas, hay que evaluarlas desde una mirada holística e integral, que nos ayude a comprender si son medidas que generan desarrollo o que, por el contrario, afectan a los sectores sociales.
En un momento de crisis nacional e internacional, en un contexto que no es favorable para la ciudadanía en general, lo que necesitamos es que el Estado sea socio y doliente de los intereses de cada dominicano y dominicana, no que se sume como un factor de riesgo adicional.
La tarea principal del Gobierno debería ser que cada familia dominicana vuelva, por lo menos, a estatus que tenía antes de la pandemia y, a partir de ahí, trabajar para que se genere una movilidad social positiva, para que cada vez más, sean más los ciudadanos que estén en la clase media.
Pero a la vez, una reforma fiscal y/o tributaria, debe apuntar a mejorar los servicios públicos, facilitar las inversiones, proteger e impulsar a los sectores más productivos y cuidar de las familias más vulnerables.
Cualquier propuesta que no pueda demostrar que apunta hacia esos objetivos, debe ser rechazada por nuestros legisladores, que ahora asumen la importante tarea de responder a las necesidades de la población.
En fin, una reforma que no genere más igualdad social no es más que una medida carente de toda legitimidad social.