Los botines del Estado
Como en los tiempos de la colonización, persisten aún piratas y corsarios merodeando sobre el erario en busca de sus botines.
El hecho de que una práctica tan vieja siga teniendo vigencia en estos tiempos es culpa de la falta de voluntad de los gobiernos y los partidos para yugular esas sangrías continuas a los fondos públicos.
En el Congreso, el botín lo representa el “barrilito”, una especie de generoso reparto del presupuesto para el manejo discrecional de los legisladores que son los que deciden para qué y a quién les dan esos fondos que se recaudan con las leyes que ellos mismos aprueban.
En el servicio consular, la situación es más escandalosa pues solo reportan a las arcas una ínfima parte de los ingresos que reciben por cobros de visas, expedición de pasaportes y otros trámites de los actos civiles, y el resto de la millonada va a parar graciosamente a los bolsillos de los titulares.
En los hospitales públicos, las mafias internas depredan los insumos y equipos y sabotean algunos servicios a fin de que los pacientes se vean obligados a hacerse analíticas, radiografías y otras pruebas diagnósticas, aparte de adquirir medicinas, en farmacias y centros privados que operan alrededor de ellos.
En la frontera con Haití, militares y traficantes hacen negocios para permitir contrabandos, ingreso de ilegales y de parturientas.
En las cárceles, por igual, funcionan entramados para conceder privilegios a los presos, incluyendo permisos para salidas furtivas o introducción de drogas, bebidas alcohólicas y armas.
En la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico también se reparten jugosos botines: coimas o peajes para hacerse de la vista gorda cuando llegan o se mueven cargas de drogas, o para acomodar sentencias de jueces o admitir expedientes débiles que, al final, facilitan la impunidad de los delitos.
En las obras del Estado también funcionan los contubernios entre los que otorgan concesiones, los supervisores y constructores avivatos, para sobrevaluar obras o para pagar obras no realizadas o no concluidas.
En los centros de retención de vehículos, las mafias disponen a su antojo de vehículos o piezas para revenderlas.
En la explotación de los recursos naturales, también se cuelan los que pagan por permisos irregulares de extracción de arena y tala de bosques, así como los que merodean en las aduanas para pasar contrabandos o devaluar costos de mercancías y pagar menos impuestos.
En este ecosistema de botines, el Estado siempre pierde. Pero quien más pierde es el pueblo que paga impuestos y, encima de eso, los sobrecostos de estas operaciones mafiosas.
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