La Procuraduría registra 28,000 robos en 10 meses
Nueva legislación. La Ley 321-22 promulgada este mes permite al Ministerio Público perseguir el robo aunque no haya querella de la víctima, al convertirlo en acción pública.
Más de 28,000 casos de robo fueron tramitados por las fiscalías del país en los primeros 10 meses del 2022, que representan el 20.7 por ciento del total de 135,590 que fueron reportados en ese período, por diferentes delitos.
De enero a octubre de este año, 36 fiscalías del país sometieron 27,793 casos por robo calificado o agravado (20.50 %) y 275 por robo simple (0.20%), según las estadísticas que lleva la Procuraduría General a través del sistema de apoyo a los fiscales.
El Código Penal contempla una pena de 5 a 20 años por delito de robo, reservando la máxima cuando concurren agravantes, es decir, para robo calificado.
La norma penal señala varias agravantes del delito del robo, que incluye el uso de violencia, utilización de armas de fuego; cometerlo de noche, participación de más de dos personas; rompimiento de pared o techo, y escalamiento o fractura de puertas o ventanas.
Abinader promulga ley
El 18 de este mes el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 361-22, que permite que el Ministerio Público pueda perseguir el robo sin violencia y sin armas aunque no haya denuncia o querella de parte de la víctima, al convertirlo en una acción pública.
Esa legislación modificó el artículo 31 de la ley 7602, que instituye el Código Procesal Penal, que la configuraba como una acción pública a instancia privada.
Está sustentada, entre otros aspectos, en los datos estadísticos sobre las denuncias de hechos delictivos, que dan cuenta de que los robos en espacios públicos, negocios y hogares, son una de las conductas más recurrentes y perturbadoras de la paz social.
El gobierno procura evitar que ese tipo de hechos delictivos queden impunes, debido a que solo podían ser perseguidos por el Ministerio Público cuando era apoderado de una instancia por parte de la víctima.
Se destaca, además, que el régimen de la acción penal tiene una particular incidencia en la configuración de la política criminal y el ambiente de seguridad de los habitantes.
“Que la exigencia de presentación y sostenimiento de la denuncia y la instancia privada en muchos casos de robo se rige en un obstáculo para la realización de la víctima directa del delito en una etapa temprana del proceso”, establece el considerando tercero de la nueva ley.
Jurisdicciones líderes
La fiscalía de Santiago ocupa el primer lugar por la cantidad de casos sometidos a la justicia, pues tramitó 25,918, correspondiente al 19.11 por ciento.
En esa jurisdicción, el delito que más prevaleció durante los primeros 10 meses de 2022 fue el robo calificado, con 8,761 casos (33.80%). También hubo 51 por robo simple.
En función del número de infracciones, ocupa el segundo lugar la fiscalía de Santo Domingo Este, con 16,550 (12.21%). En esta demarcación, también el robo calificado es el principal acto delictivo que se comete, al recibir
Otras regiones.
El Ministerio Público también tramitó muchas denuncias de actos ilícitos en San Cristóbal, con 9,185 casos (6.77%). De ellos 940 son por robo calificado (10.23%), y los robos simples solo 11 casos, y en Puerto Plata, con 6,582 casos
(4.85%).
Distrito Nacional.
En el Distrito Nacional, de 6,252 casos tramitados, 716 fueron robo calificado y 60 por robo simple. El robo agravado constituyó el segundo delito, solo superado por la amenaza (788).
4,374 denuncias en el 2022 (26.43%). Hubo 6 por robo simple. En tercera posición por la cantidad de hechos delictivos reportados, está la fiscalía de Santo Domingo Oeste, con 13,911 (10.26%). También el robo calificado está en segundo lugar, con 2,664 casos (19.15%), después de la violencia intrafamiliar, que está en primer puesto, con 3,940 (28.32%). Además, 13 por robo simple.
Santo Domingo Este y Oeste son dos de los municipios de la provincia Santo Domingo a donde el Ministerio de Interior y Policía prohibió el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales de lunes a domingo a partir de la media noche.
La medida, que fue dejada sin efecto ayer, había entrado en vigor el 7 de este mes. Fue justificada en que resulta indispensable frente a situaciones que afectan el orden público y requieren de la urgente intervención del Estado para reparar los daños causados.