Lucha por la justicia, más allá del cine
BUENOS AIRES — Los huesos de un hombre habían hablado.
Durante años estuvo guardado en una caja de plástico azul, uno de los cientos de recipientes con restos no identificados que se creía pertenecían a víctimas de la brutal dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Colocado sobre una mesa de laboratorio en la sede en Buenos Aires del Equipo Argentino de Antropología Forense, su esqueleto contaba una historia: tenía unos 25 años y medía entre 1.72 y 1.82 metros. Cinco heridas de bala —una en la cabeza, cuatro en la pelvis— lo habían matado.
Y ahora, más de 30 años después de su hallazgo en una fosa común, está a punto de ser identificado.
“Es maravilloso cuando pasan de tener un número a tener un nombre”, dijo Patricia Bernardi, antropóloga forense y fundadora del equipo, una organización sin fines de lucro que trabaja en casos relacionados con abusos cometidos bajo el régimen militar.
La identificación de las víctimas es parte de un esfuerzo más amplio por brindar justicia y rendición de cuentas 40 años después del fin de la dictadura, que vuelve a estar en los reflectores gracias a Argentina, 1985, una película que obtuvo una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional. El drama histórico retrata un verdadero juicio que terminó con la condena de cinco miembros de la junta militar, incluyendo a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, quienes recibieron cadenas perpetuas. Otros cuatro fueron absueltos.
Los militares desencadenaron una ola de represión para eliminar a los “subversivos”: disidentes políticos, activistas estudiantiles, sindicalistas, periodistas, intelectuales y miembros del clero. Los grupos de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante la dictadura.
En la película, un personaje basado en un fiscal de la vida real dice a los jueces que el juicio puede ayudar a forjar una paz basada en la justicia y en reconocer las atrocidades.
“Esta es nuestra oportunidad”, dice. “Podría ser la última”.
Más que un final, esas palabras, tomadas de los auténticos argumentos finales, fueron un comienzo. Ahora, aproximadamente 180 exmilitares, policías y civiles están siendo procesados por crímenes de lesa humanidad. Algunas investigaciones se centran en delitos cometidos en centros clandestinos de detención donde cientos fueron torturados y asesinados. Más de mil cien militares, policías y civiles han sido condenados por crímenes de lesa humanidad desde 2006, incluyendo 58 el año pasado.
La búsqueda de la justicia no ha sido fácil. Después del juicio de 1985, el gobierno promulgó leyes que bloquearon la mayoría de los demás procesos. Un expresidente también indultó a los comandantes militares condenados. Pero en 2003, el Congreso argentino,
en respuesta a la creciente presión pública, abolió esas leyes. En 2006, un tribunal dictó la primera sentencia en el marco de un proceso de enjuiciamiento relanzado.
La labor del equipo forense ha sido una parte clave de los juicios. Se han recuperado más de mil 400 cadáveres, con alrededor de 800 identificados. El tiempo es un enemigo inminente en la lucha por la justicia: más de mil personas bajo investigación han muerto, al igual que víctimas y sus familiares.
En un juicio, Laura Treviño recordó los hechos del 11 de septiembre de 1976, cuando tenía 18 años. Seis hombres vestidos de civil que decían ser miembros del Ejército llegaron a la casa de su familia cerca de Buenos Aires y se llevaron a su hermano, Víctor Treviño, de 17 años, un activista de izquierda que luchaba por menores tarifas de transporte para estudiantes. Mientras los hombres lo sacaban, su madre preguntó a dónde lo llevaban. “‘Pronto te enterarás’, le dijeron”, testificó Treviño. Pero no fue así.