“Un desfalco al Esta
Yeni Berenice asegura que no hay forma de que el caso no sea declarado complejo Afirma que es el caso de mayor complejidad, por la forma cómo funcionaba y cómo funcionarios se asociaron para distraer fondos públicos.
La procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice, calificó el caso de la “Operación Calamar” como un “desfalco al Estado sin precedentes” en el país.
“No hay forma en que no sea declarado complejo este proceso; está red tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país; además es el caso de más complejidad por cómo funcionaba, de cómo desde el Estado distintos funcionarios se coaccionaron para distraer fondos del Estado”, aseguró Berenice a la prensa. La magistrada señaló que las autoridades han sometido una “imputación preliminar sólida”, con pruebas “suficientes” contra los 20 implicados en el caso de operación Calamar.
Una red poco común
“Este es un proceso en qué el Ministerio Público ha estado, por varios meses, haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares internacionales de investigaciones para red de criminalidad organizada, ya que esta red constituye una que es muy poco común en lo que te es esta región”, argumentó Berenice. La directora de persecución habló con la prensa luego de que fuera aplazada la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los implicados del caso Calamar, encabezados por los exministros
Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Aplazan medida coerción
La jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el proximo dominmgo, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento del pedido de medida de coerción en contra los vinculados en la “Operacion Calamar”, acusados de distraer más de 19,000 millones de pesos del Estado.
Romero tomó la decisión para que los abogados de los imputados lean el expediente y preparen su defensa.
El Ministerio Público está representado por la procuradora adjunta directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso; el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y la procuradora de Corte, coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz.
También participan los fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel, Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea, Héctor García y Andrés Mena. Entre los abogados de los imputados se encuentran Carlos Olivalres, Blas Minaya, Hiroito Reyes, Eduardo Niñez, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, Luz Díaz, Laura Acosta, Luis Rivas, Norberto Rondón, Carlos Escalante, Wendy Lora, entre otros.
En el caso figuran como imputados exministros de Obras Públicas, Hacienda
y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, y demás encartados en acto de corrupción. La audiencia de medida de coerción es el escenario donde el juez realiza la verificación de la pertinencia o no de la imposición de una de las medidas consignadas en el Código Procesal Penal. Dicha finalidad es que los investigados se presenten
a las audiencias y actos del proceso, así como garantizar el desarrollo de la investigación conforme al debido proceso.
En el caso figuran, además, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores
de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. También, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.