Amplían datos sobre expropiación terrenos
El Ministerio Público ha establecido que el abogado Ángel Gilberto Lockward Mella realizó acciones para ejecutar procesos ilegales de pagos por expropiaciones de terrenos.
Tuvo como vía el Ministerio de Hacienda, cuyo titular era Donald Guerrero, también implicado en este caso, realizándose, siempre de acuerdo al expediente, “procesos ilegales de deuda pública para distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano”, y así beneficiarse personalmente, y obtener fondos ilícitos durante los años 2019 y 2020, para financiar la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana.
Parte de esos terrenos están ubicados en Higüey, de la provincia La Altagracia, específicamente dentro del ámbito del área protegida del Parque Nacional del Este (Cotubanamá); en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en donde una de las parcelas se corresponde al terreno en donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del Malecón; municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo; en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, entre otros.
De acuerdo al expediente, Ángel Lockward se benefició tanto a título personal como a través de la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., de RD$ 270,263,750.46 por el pago
de los terrenos del AILA.
Establecen que con el fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenaba el pago de RD$515 millones 346 mil a los sucesores y propietarios por la expropiación de esos terrenos, se verificaron irregularidades y maniobras fraudulentas, entre ellas representación de personas que no fueron parte del
acuerdo transaccional suscrito con la Dirección General de Bienes Nacionales, a nombre de quienes sin mandato o poder de representación se procedió a otorgar cesiones de créditos a favor de algunos de los imputados.
Citan el caso de Delia Reyes Escoto, fallecida en 2012, quien en el acuerdo transaccional del 6 de febrero del año 2019, no figuró como parte suscribiente ni representada, sin embargo, se verificó “la falsedad del contrato de cesión de crédito de fecha cuatro (04) de febrero del año 2019, a favor de imputado Ángel Gilberto Lockward Mella y la razón social Ángel Lockward y Asociados, S.R.L., por la suma de sesenta y un millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos (DOP 61,841,556.00), por concepto de honorarios y saldo de deudas acumuladas en ocasión del proceso judicial iniciado en el año 2014”.
De igual forma, con el libramiento de unos terrenos ubicados en Boca Chica, como pago a “sucesores” de Manuel Reyes O Ben y que fueron declarados de utilidad pública, el Ministerio Público establece que Donald Guerrero realizó la solicitud del expediente sin existir, a la fecha de esta, un acuerdo transaccional entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales, y los supuestos sucesores de Manuel Reyes O Ben.
Por estos terrenos Donald Guerrero acordó pagar la suma de RD$ 379,269,241.00 con el fin de que estos dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y aquellas por venir que enfrentaran a las partes suscribientes. En estos pagos, Lockward representaba a Heroína Reyes, Luis Antonio Reyes y María Virgen Reyes de Marte. Se establece que recibió más de 90 millones de pesos pagados a título personal y mediante interpósitas personas, como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., y sus empleados Eilin Bautista, Evelin Feliz Castro y Joar Emil Ortiz Hernández.