El Estado cambia su visión hacia la discapacidad
En República Dominicana hay aproximadamente 1.9 millones de personas con alguna discapacidad, ya sea físico-motora, visual o auditiva.
En República Dominicana hay aproximadamente 1.9 millones de personas con alguna discapacidad, ya sea físico-motora, visual o auditiva, quienes tienen el mismo derecho de recibir un trato laboral justo, acceso a la educación y a los servicios de forma equitativa.
Precisamente, esta situación fue analizada el pasado lunes durante una consulta técnica realizada por distintas organizaciones, como la Fundación Francina Hungría y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), en la que se concluyó que donde estas personas reciben mayor participación es en el sector público.
Dan pasos en la inclusión
En base a esto, periodistas del LISTÍN DIARIO realizaron una investigación respecto al acceso que brindan estas instituciones a las personas con limitaciones físicas o cognitivas. La Contraloría General de la República, en busca del fortalecimiento de las medias de inclusión, realizó una reunión el pasado miércoles con Conadis para iniciar a partir de abril la evaluación de la entidad y las mejoras de las condiciones físicas de su sede.
Estas mejoras incluyen la creación de rampas, además de la adaptación de otros espacios como ascensores, baños y escaleras para una mejor atención a usuarios y colaboradores con limitaciones.
Durante la reunión firmaron un acuerdo con Conadis para que a través del mejoramiento de las condiciones de la entidad puedan cumplir con la ley 5-13, la cual establece que no menos de 5% de los empleados gubernamentales deben ser personas con discapacidad, pero actualmente solo hay siete empelados con esa condición laborando para la institución.
La entidad confirmó que con la puesta en marcha de este acuerdo, implica desarrollar la integración mediante el lenguaje de señas en todos los contenidos audiovisuales instructivos, así como también dispondrán de documentos con las informaciones en formato braille para los no videntes. Mientras que la Junta Central Electoral (JCE), en cumplimiento de esa ley, tiene 57 personas con discapacidad laborando en todos sus centros de atención a los usuarios alrededor del país.
Los espacios físicos de la entidad también han sido adaptados para facilitar los accesos a colaboradores y usuarios, incluida la modificación de los baños y la habilitación de rampas. Además, los empleados con dificultad visual tienen acceso a un sistema especializado denominado software JAWS, que es un lector de pantallas que les permite utilizar adecuadamente los equipos electrónicos.
Del mismo modo, hay intérpretes del lenguaje de señas que les facilitan la comunicación a las personas con discapacidad auditiva para el requerimiento de servicios y el desempeño de las labores.
Otras
En el caso de la Dirección General de Impuestos internos (DGII), desarrollan políticas para que empleados y clientes con discapacidad reciban una atención digna.
Dentro de la sede central, la entidad tiene el Centro Asistencia Presencial (CAP), para que las personas con discapacidad reciban un trato personalizado y presencial. Además, el personal de este centro está capacitado para hablar en lenguaje de señas y así facilitar la atención a las personas sordas. Asimismo, el espacio físico cuenta con rampas para facilitar el acceso. También
existe un sitio web “inclusivo” para que pueda ser utilizado por invidentes. En cuanto al Ministerio de Hacienda, además de adecuar el espacio físico con rampas debidamente señaladas, parqueos y ascensores, el personal “es sensibilizado periódicamente” para proporcionar un trato decoroso a las personas con discapacidad a través de charlas y eventos.
En materia de servicios, facilitan un trato preferencial a quienes poseen algunas discapacidades, igualmente, cuenta con personal que les guía en cuanto a los requerimientos a solicitar.
Mientras que en el ámbito laboral, otorga flexibilidad en los horarios y servicios de transporte con “trato preferencial”, asimismo adecuan los equipos de trabajo a las necesidades del personal. En el caso de las personas con discapacidad audiovisual, hay teléfonos y teclados con sistema Braille y sistema de lectoescritura en las computadoras.
La labor de inclusión se hace desde el reclutamiento, debido a que adecuan el proceso de evaluación psicométrica y entrevistas, de acuerdo a la condición que presenta la persona.
Como estas empresas, las superintendencias de Seguros y de Bancos, el Ministerio de Trabajo y otras entidades gubernamentales desarrollan políticas “inclusivas” a favor del desarrollo laboral y de la independencia de las personas con diversas discapacidades.