Daniel Caamaño autorizaba pagos sin ningún control
Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana fue designado Contralor General de la República en septiembre de 2016 por el entonces mandatario Luis Abinader, cargo que asumió hasta agosto de 2020.
Según la solicitud de medida de coerción a los imputados en Operación Calamar, el excontralor pertenece a la presunta estructura de corrupción encabezada por los exministros implicados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
De acuerdo con el MP, este entramado compuesto por importantes exfuncionarios de la pasadagestión de gobierno y otros individuos sin cargos gubernamentales, desfalcó al Estado por más de 19 mil millones de pesos.
En el caso de Daniel Caamaño, el órgano judicial lo acusa de autorizar pagos basados en cesiones de créditos y de aprobar órdenes de pago de terrenos expropiados “sin hacer ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos”.
Las cesiones de crédito fueron el instrumento principal al que recurrió la estructura de corrupción para sustentar el desvío de los fondos.
Al excontralor también se le acusa de faltar a sus deberes de control y fiscalización de fondos públicos al consentir la emisión de pagos por concepto de compra de terrenos “amparados en carta constancia”,
Además se le imputa el aceptar como válidas “negociaciones con personas sin calidad” a la mayor velocidad sin verificar que el proceso cumpla con las normativas.
Según el MP, durante la gestión de Caamaño Santana al frente de la Contraloría, ninguno de los expedientes de expropiación que beneficiaron con sumas cuantiosas a los imputados Donald Guerrero, Rafael Gómez, Princesa García, Luis Piccirillo y a él mismo “cumplían con los requisitos exigibles a cualquier otro expediente de pago de deuda pública, declaratoria de utilidad pública o compra de terrenos”.
Lo que hace constar el órgano en el documento en reiteradas ocasiones es que, aunque el rol de Caamaño Santana como contralor era velar por el debido recaudo, manejo, uno e inversión de los recursos públicos, su trato con estos fondos fue “doloso y contrario a la ley”.