Nueva ley salvaría árboles, no los empleos
que cultivan semillas oleaginosas competidoras, como la colza o la soya.
La ley de la UE, aprobada el año pasado, prohíbe los productos que utilizan aceite de palma y otras materias básicas como hule y madera que provienen de tierras forestales que se convirtieron a uso agrícola después de 2020. Demostrar el cumplimiento podría ser complejo y costoso para un inmenso número de pequeños proveedores. En Malasia e Indonesia, el primer Ministro y el presidente dijeron que el sustento de sus ciudadanos estaba amenazado. Prometieron combatir lo que llamaron “medidas discriminatorias altamente perjudiciales contra el aceite de palma”. Quienes abogan contra la pobreza e incluso algunos ambientalistas han hecho eco de las preocupaciones. Pamela Coke-Hamilton, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, una agencia de las Naciones Unidas que ayuda a los países pobres a generar riqueza a través del comercio, dijo que la mayoría de los pequeños agricultores ni siquiera están enterados del veto y mucho menos cómo demostrar su cumplimiento.
En una semana de entrevistas con en plantaciones en el estado malayo de Sabah en la isla de Borneo, ningún pequeño agricultor había oído hablar de las reglas de deforestación. “Los expulsarán del mercado”, lo que podría dañar aún más el medio ambiente, afirmó Coke-Hamilton.
“Sabemos que la deforestación está vinculada a la pobreza”. Awang Suang, de 77 años, tiene más de 50 años de cultivar palmas aceiteras después de dejar los árboles de hule. Las palmas requieren menos mano de obra y producen cosechas más frecuentes —aproximadamente cada dos semanas, durante todo el año— lo que proporciona un ingreso más estable, explicó.
Awang cultiva cinco hectáreas en Sabah y en un buen mes puede cultivar unas ocho toneladas de fruta. Dijo que la mayoría de los propietarios que conocía cultivaban palma aceitera.
En las últimas décadas, el apetito mundial por el viscoso aceite rojo se ha disparado. La mayoría proviene de corporaciones multimillonarias, que se han tragado kilómetros y kilómetros de tierra. En Sabah, las palmas aceiteras se extienden hasta donde alcanza la vista. Pequeños agricultores —definidos en Malasia como agricultores con menos de 40 hectáreas— cultivan el 27 por ciento de la palma aceitera del país. La fiebre del oro del aceite de palma ha ayudado a reducir la pobreza rural, generar riqueza de las exportaciones y crear empleos. Unos 4.5 millones de personas en Malasia e Indonesia trabajan en la industria, afirma el Foro Económico Mundial. Durante un tiempo, el aceite incluso fue promocionado como amigable con el medio ambiente, un “supercultivo”. Una hectárea puede producir varias veces más aceite que la misma superficie de soya, colza o girasol.
Pero los beneficios ambientales sólo se obtienen si las tierras de cultivo existentes son convertidas en palmas aceiteras. En lugar de ello, los productores talaron o quemaron bosques tropicales y turberas prístinas para dar paso a los cultivos. La eliminación de estos sumideros de carbono liberó cantidades titánicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Malasia perdió casi una quinta parte de su bosque tropical primario entre 2001 y 2022, reporta el Instituto de Recursos Mundiales.
Se destruyeron los hábitats de miles de especies, poniendo a algunos animales en peligro de extinción. La legislación de la UE exige que casi todos los productores que cultivan aceite de palma y una variedad de otros productos mapeen los límites precisos de sus tierras agrícolas para mostrar que las materias básicas no están vinculadas a la deforestación. Corresponde a los exportadores demostrar que se siguieron las reglas en cada punto de la cadena de suministro.
Pero los grupos de pequeños agricultores dicen que rastrear cada racimo de fruta gorda en forma de bellota hasta una pequeña granja en áreas remotas es mucho más complicado de lo que creen los legisladores en Bruselas.
Los pequeños agricultores venden principalmente a comerciantes y recolectores —capa tras capa de intermediarios que mezclan racimos de frutos de palma aceitera de cientos de plantaciones.
El rastreo se complica aún más porque el comerciante, receloso de la competencia, “no quiere decir a la planta de dónde vienen todos sus proveedores”, dijo Reza Azmi, director ejecutivo de Wild Asia, un grupo sin fines de lucro en Malasia que trabaja con pequeños agricultores para mejorar prácticas ambientales.
En una pequeña estación de recolección en Gomantong, docenas de grandes camiones procedentes de plantaciones, así como camionetas de pequeños agricultores, dejan sus cargas en una sola pila.
Al final de un día reciente, se habían acumulado unas 80 toneladas de fruta. Toda fue entregada a un molino.
Con los mandatos de la UE, el producto de una sola granja no certificada haría que todo el lote fuera inelegible para su uso en una exportación al bloque, el tercer mayor importador de aceite de palma del mundo.
La Comisión Europea “está comprometida a brindar todo el apoyo necesario para garantizar que los pequeños agricultores estén completamente preparados para el cambio de reglas”, dijo un vocero. El bloque ha prometido 110 millones de euros para apoyo técnico y financiero.
Los agricultores con menos de cuatro hectáreas pueden usar un teléfono inteligente para mapear sus tierras. “Las coordenadas GPS se pueden generar fácil y gratuitamente”, explica un manual de la UE.
Pero los críticos insisten en que mapear las granjas y verificar los datos es mucho más complejo —y está plagado por una falta de títulos de propiedad documentados y otras complicaciones.
En Malasia, funcionarios del Gobierno se quejan de que la ley de la UE ignora las reglas de concesión de licencias y deforestación que el país ya posee. Desde el 1 de enero de 2020, todos los productores y empresas deben estar certificados por la junta de Aceite de Palma Sostenible de Malasia. Los estándares coinciden con muchos establecidos por la UE.
El esfuerzo ha tenido cierto éxito. En su sondeo de 2022, el Instituto de Recursos Mundiales encontró que Malasia era uno de los pocos lugares donde la deforestación no empeoró.
“Nos dicen que debemos mantener estándares estrictos” sobre el libre comercio y el clima, dijo Nik Nazmi, el Ministro de Medio Ambiente. Pero cuando están en juego los intereses de regiones económicamente más poderosas, las reglas se relajan.
“Sentimos que nuestras voces no son escuchadas”, dijo.