EL ACCESO AL CONOCIMIENTO ENTRE LOS DERECHOS Y LAS MERCANCÍAS

Resumen

Este artículo busca reflexionar sobre el tratamiento que se da al acceso a la información y el conocimiento en esta época de inusitado desarrollo tecnológico, partiendo de la consideración de que estos dos elementos son productos sociales y que, por lo mismo, se debe garantizar su adecuada distribución social. Sin embargo, la evidencia parece demostrar que no es así, pues la privatización en el acceso a la información y al conocimiento se mantiene aún vigente.

El libre acceso a la información y al conocimiento es un derecho humano que posibilita el uso y disfrute de estos productos sociales, mas, en el sistema capitalista, estos son vistos como algo de lo que se puede lucrar.

El trabajo presenta varios ejemplos de este afán del mercado como contrapunto a quienes defienden este derecho.

Palabras clave

Acceso

Información

Conocimiento

Tecnología

Mercado

Derechos

Bibliotecas

En el 391, el emperador Teodosio mandó cerrar los templos paganos y el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría (385-412) tuvo un pretexto para quemar el Serapeum.

Ese incidente, y otros similares, destruyeron todo testimonio del saber de entonces y Europa vivió en la más oscura ignorancia durante 500 años.

Umberto Mazzei.

Es innegable que por el desarrollo tecnológico, que es una forma de conocimiento aplicado, la sociedad actual es adjetivada como la sociedad de la información y el conocimiento; sin querer hacer abstracción de los ocultamientos que tal calificación conlleva, sino por el contrario, para poder dimensionar de mejor manera tal calificativo, debemos reconocer que hoy como nunca antes tenemos tal cantidad de información que nos llega (sobre todo por los medios electrónicos) que hasta se ha llegado a hablar de la

“infotoxicación”. De allí que, una de las tareas de las bibliotecas sea la de diseñar políticas de descarte que permitan depurar la información, sobre la base de las características de los usuarios lectores y, concomitantemente, establecer lineamientos claros de diseminación selectiva de la información.

Sin embargo, al igual que la riqueza material, que es producida socialmente y cuya apropiación, en su mayor parte, se reduce a un grupo de poder, también en la información que es producida socialmente, la apropiación es de un reducido grupo de poder que en muchos casos es el mismo. En los dos hay un serio problema estructural relacionado con la distribución de estos recursos. Así como se aboga por la redistribución de la riqueza, como uno de los objetivos de la democracia económica, así también debemos abogar por una redistribución de la información como uno de los objetivos de la democracia cultural. Puesto que, hasta aquí, esa información sigue siendo patrimonio de pocos, ya que, la mayoría de la población de América Latina ni siquiera tiene acceso al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ni al internet.

Es decir, nos hallamos frente a un doble problema: el uno, de cobertura, pues la información no llega a las grandes mayorías de nuestros países; y el otro, de calidad, pues la cantidad de información no garantiza la calidad y hay mucha basura que circula por las autopistas de la información.

Pero en la sociedad capitalista no solo hay problemas en el acceso a la información, como los puntualizados anteriormente, sino también en el acceso al conocimiento científico. Socialmente, varios dispositivos como los medios de comunicación y la misma escuela han exaltado el culto a la banalidad; creencias sin ninguna base científica se han ido generalizando e interiorizando en el imaginario social, a tal punto que la seudociencia se ha ido imponiendo como verdad revelada. El conocimiento

científico se ha reducido a la academia, y esta se ha válido de aquel para realizar también un ejercicio de poder. Como bien sabemos, el acceso a la academia es restringido, con lo cual, el conocimiento científico es patrimonio de pocos. En estas condiciones abogar por la democratización del acceso al conocimiento implica comenzar por el principio, revisar seriamente los planes de estudios y la estructura curricular de la escuela1; implica también cambiar el comportamiento lector de la población mediante un Plan

Nacional de Lectura2 —que, entre otras muchas cosas, involucra la formación de mediadores de lectura, campañas permanentes en los medios, abaratamiento del costo de los libros, fortalecimiento y creación de bibliotecas públicas, etc.—; conlleva, finalmente, elaborar y poner en práctica políticas públicas que acorten la brecha digital existente en la población, desarrollar la capacidad analítica desde la educación inicial, y, junto a esta, la capacidad crítica en el resto de niveles educativos, entre otras muchas tareas.

El afán de privatizar el conocimiento y volverlo una mercancía más, que supuestamente se somete a las leyes del mercado, marca un contrapunto con uno de los objetivos básicos de la biblioteca. Me refiero al de garantizar el libre acceso a la información y al conocimiento, como servicio público y sin ánimo de lucro. Uno de los retos de las sociedades democráticas en la actualidad es precisamente el de democratizar dicho acceso.

De todos modos, la tarea no parece fácil, ya que los llamados “tratados de libre comercio” en muchos casos incluyen aspectos relacionados con la propiedad intelectual que:

Contiene normas que prolongan y aumentan los monopolios en el uso del saber para producción de medicinas y agroquímicos. Se llega así al absurdo de que patentes vencidas que pasan a ser patrimonio intelectual de todo el mundo, sigan siendo saber prohibido en los países que firmaron esos acuerdos con Estados Unidos, con esperas ulteriores de 5 a 10 años para producir las versiones genéricas que ahorran gastos y mejoran la salud pública y la agricultura. La Unión Europea repitió luego normas similares en sus “Acuerdos de Cooperación” (Mazzei, 2012).

Estos afanes de monopolizar el uso del conocimiento y del saber, aparte de que ni siquiera cumplen con el paradigma del libre mercado, puesto que se busca el monopolio como queda dicho, marcan un contrasentido con la generación social del conocimiento y del saber. Efectivamente, quien produce conocimiento —digamos, un científico— lo hace sobre la base de un conocimiento previo acumulado socialmente. Los insumos del nuevo conocimiento, por decirlo de algún modo, son resultado de un esfuerzo social. Esta producción social del conocimiento no quiere decir que no se reconozca los derechos de autor, quiere decir, más bien, que la apropiación −una vez reconocidos tales derechos− debe ser social, pues es el bien común el que así lo exige.

La lógica del afán de lucro por el contrario busca la forma de controlar el conocimiento pero también la información, el entretenimiento y hasta el Internet:

En 2007 se comenzó a negociar en secreto el ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement), una iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea (…). En 2010 se conoció un borrador oficial y comenzó la inquietud por la total falta de transparencia. Sin embargo, no hubo debate previo en los órganos nacionales ni una discusión en los organismos internacionales vinculados al comercio, la Propiedad Intelectual o la libertad de expresión. El ACTA desborda las reglas multilaterales internacionales y obedece a la lógica monopólica y represiva que la industria del entretenimiento quiere aplicar a Internet y la industria farmacéutica al comercio de medicinas. El 26 de enero, 2012, cuando la Unión Europea lo firmó, renunció el relator de ACTA ante el Parlamento Europeo, Kader Arif, diciendo que ACTA era una “mascarada” contra la sociedad civil, que omitía las objeciones del parlamento europeo sobre la libertad individual y denunció maniobras para impedir que se alertase a la opinión pública sobre su contenido (Mazzei, 2012).

Los programas para computador, software, bases de datos, procesos de digitalización, información virtual, etc., también se hallan dentro de estas tensiones entre la privatización y la apropiación social.

De allí que varios países, por ejemplo, han adoptado como política, la utilización del software libre frente al software propietario. De igual, manera los libros electrónicos son vendidos para poderlos utilizar solo en determinados lectores o con licencias individuales, frente a otras propuestas del mismo mercado de venderlos a perpetuidad y sin atarlos a determinados lectores. Se negocian, así mismo, bases de datos con determinado número de revistas científicas a texto completo, pero en los paquetes que se venden se incluyen también “abstract” o resúmenes y revistas con embargo3, convirtiéndose, en la práctica, en verdaderos contratos de adhesión, en el que el comprador, si quiere, compra tal como le ofrece el vendedor y no de acuerdo con sus reales y puntuales necesidades.

Estas limitaciones para el acceso al conocimiento han llegado ya a las bibliotecas, pues ya hubo varios intentos por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de privatizarlas en su uso, pretendiendo que se cobre por el servicio bibliotecario. Tal pretensión, sin embargo, se enfrentó a una acción decidida de parte de la IFLA de no permitir que esos afanes se hagan realidad.

Hace poco, sin embargo, se cometió un atentado en contra del acceso libre al conocimiento, cuando un Tribunal de Múnich, en febrero de 2012, ordenó el cierre de una biblioteca en línea, se trata de:

Library.nu e Ifile,it, que tenían una biblioteca pública común en Internet, con más de 400 mil títulos, para lectura y descarga gratuita. La orden judicial obedece a una denuncia de 17 editoras:

Cambridge University Press, Elsevier,

Georg Thieme; Harper&collins;

Hogrefe; Macmillan Publishers Ltd;

Cengage Learning; John Wiley & Sons; the Mcgraw-hill Companies; Pearson

Education Inc; Oxford University Press;

Springer; Taylor & Francis; C H Beck;

Walter De Gruyter, Association of

American Publishers, Börsenverain y la Internacional Publishers Association.

Una alianza coordinada y asistida por la firma de abogados Lausen

Rechtsanwalte. El vínculo entre un sitio y el otro se hizo con la ayuda de Paypal, siguiendo la huella de las donaciones. (Mazzei, 2012).

Con lo cual, ya no estamos hablando solo de una amenaza, pues lo que acaba de pasar con una biblioteca pública “on line” puede pasar con una biblioteca pública física.

En el caso de Library.nu e Ifile,it la denuncia concernía a 170 títulos, pero se la cerró totalmente:

El caso es significativo, porque no se trata de música pop o películas, sino de fuentes de saber. Las obras ofrecidas se relacionan con la enseñanza y la investigación. Su acceso era útil en países con infraestructura educativa débil y poco dinero para financiar bibliotecas y eso comienza a darse ahora en países desarrollados. El cierre no aumentará las ventas, porque muchas de las obras ofrecidas no se imprimen o tienen poca demanda, tampoco es probable que quienes las obtenían gratuitamente puedan o quieran pagar una copia onerosa. Una pregunta que flota en el aire es la de que si con la misma lógica con que se cerró a Library.nu, se van a cerrar las bibliotecas públicas con acceso gratuito o ¿es que se van a cobrar derechos por sacar fotocopias de los libros o por tomar notas del contenido? (Mazzei, 2012).

Frente a tales pretensiones del mercado y de las empresas dedicadas al comercio del conocimiento, quiero ser enfático al señalar que existen objetivos sociales y derechos humanos que reivindican el acceso a la información y al conocimiento como parte de la convivencia democrática.

Para el caso de nuestro país, en el “Plan

Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013”, se establecieron doce objetivos nacionales; de entre ellos, el objetivo dos señala: “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; mediante el libre acceso a la información y al conocimiento lo que constituye un aporte para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades”. Uno de los objetivos de las bibliotecas es precisamente ese.

En el “Plan Nacional para Buen Vivir 2013 – 2017” se vuelve a considerar ese objetivo, pero ahora dentro del Objetivo

Cuatro; en el mismo se contempla lo siguiente:

La libertad individual y social exige la emancipación del pensamiento. El conocimiento debe ser entendido como un proceso permanente y cotidiano, orientado hacia la comprensión de saberes específicos y diversos en permanente diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser entendido como un medio de acumulación individual ilimitada, ni un acervo que genere diferenciación y exclusión social.

[...] Este conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para la libertad individual, para la emancipación social y para vivir y convivir bien; es decir, para encontrar la libertad, satisfacer necesidades, garantizar derechos, cambiar el patrón de acumulación y redistribución, vivir en armonía con la naturaleza y convivir en una democracia democratizada y de calidad (Movimiento

Alianza PAÍS, 2012: 99).

Tampoco debemos pasar por alto el

Manifiesto de la IFLA sobre Bibliotecas

Digitales, cuando, refiriéndose a los objetivos del milenio, considera que existe una brecha digital que debe ser superada:

Subsanar la brecha digital es un factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las

Naciones Unidas. El acceso a los recursos informativos y los medios de comunicación contribuye a la salud y la educación, así como al desarrollo cultural y económico.

La difusión de información permite a los ciudadanos beneficiarse de un aprendizaje y una educación a lo largo de toda la vida. La información sobre los logros mundiales hace posible que todos participen de manera constructiva en la creación de su propio entorno social (IFLA, 2005).

Según lo que se señala en el Manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas:

Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica de una Sociedad de la Información incluyente. Capacitan para la libertad intelectual dando acceso a información, ideas y obras de imaginación en cualquier medio y por encima de fronteras. Ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura (IFLA, 2005).

Desde los derechos humanos, ya que la Declaración de Friburgo sobre los

Derechos Culturales establece en el Art. 7:

En el marco general del derecho a la libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opinión e información, y el respeto a la diversidad cultural, toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a recibir una información libre y pluralista, que contribuya al desarrollo pleno, libre y completo de su identidad cultural en el respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural; este derecho, que se ejerce sin consideración de fronteras, comprende en particular: la libertad de buscar, recibir y trasmitir información, además el derecho de participar en la información pluralista, en el o los

idiomas de su elección, de contribuir a su producción o a su difusión a través de todas las tecnologías de la información y de la comunicación (Declaración de

Friburgo: 2007: 7-8).

Uno de los medios para el cumplimiento de este derecho, como se puede concluir, es la biblioteca pública. También es un asunto ético, puesto que, frente a dos valores como son el bien común y la apropiación privada, debería, por principio, prevalecer el primero.

Como se podrá advertir, la política y la economía no son ajenas a las bibliotecas, y su conocimiento debe ser parte del bagaje formativo de los bibliotecarios.

Puesto que mucho dependerá de la forma en cómo un país asume su economía, su modelo de sociedad, su ejercicio de la democracia para poder determinar cómo son o cómo están sustentadas las políticas públicas para bibliotecas, archivos y, en general, centros de documentación e información.

En cuanto a las bibliotecas y archivos, el peligro está en los proyectos de privatización o de gestión por parte de empresas privadas. Igualmente, encontramos aquí que al pasar a juzgar por criterios de mercado o de rentabilidad empresarial, los que deben ser derechos ciudadanos imprescindibles para la participación democrática, estos desaparecen como tales, comprometiendo seriamente la calidad de la democracia. Las bibliotecas y los archivos deben seguir siendo servicios públicos y gratuitos como hasta ahora, pues solo así quedará garantizado el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a la información, la cultura, el conocimiento y la educación (López&morillo, 2005: 37).

Sin embargo, la situación del acceso libre a la información y al conocimiento, lamentablemente, no está garantizada.

Hace poco, en el blog de la Asociación

Ecuatoriana de Bibliotecarios se daba a conocer una noticia generada en

España, en la que se informaba sobre un

Decreto Real de Agosto de 2014, por el cual se obligaba a las bibliotecas a pagar a entidades de gestión de derechos de autor, para que llegara a los autores de las obras que se prestaba a los lectores (obras protegidas por derechos de autor) 4:

El Art. Artículo 2. 1 establece a los efectos de este Real Decreto, la obligación de remuneración se aplica, a los préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español5.

Tal situación, que aparentemente beneficia a los autores, es un verdadero atentado al derecho humano de acceso a la información y al conocimiento; en la medida en que las bibliotecas no lucran de los préstamos que realizan, es un servicio cultural. En el caso que comento, se trata precisamente del uso educativo, científico y cultural que se hace y sobre el cual, según este Decreto, hay que pagar.

Algunos autores, incluso, no están de acuerdo, pues sostienen que las entidades de gestión se retienen una parte de esos pagos, por ello, no falta algún autor que ha declarado públicamente su intención de devolver a la biblioteca el dinero que reciba.

En el ámbito académico no es tan distinta la situación, pues hay universidades que llegan a pagar para que empresas comerciales de bases de datos de revistas científicas tengan en su oferta la producción académica de sus docentes e investigadores. La comercialización de esas producciones académico-científicas, vía suscripciones anuales, permite a las empresas retribuir al docente e investigador mediante regalías.

No hay ámbito en el que “la mano del mercado” no haya llegado, y éste del conocimiento no es la excepción; paradójicamente, hasta para el caso del acceso abierto:

Las comunicaciones académicas en

Europa y Estados Unidos se han tercerizado a las principales editoriales académicas comerciales que han desarrollado uno de los negocios más rentables, y que hoy se ofrecen para ocuparse del acceso abierto, construyendo nuevos cercamientos al conocimiento para el Sur Global, esta vez cobrando por publicar, y distrayendo a los gobiernos, agencias que financian la investigación y la comunidad académica, tanto en el Norte como en el Sur, de la necesidad de construir un ecosistema global no-comercial de acceso abierto basado en repositorios institucionales, nacionales e internacionales colaborativos e interoperables y plataformas de publicación. Si queremos que las voces del Sur Global tengan más participación e impacto en las conversaciones globales sobre temas que nos preocupan a todos, la comunidad académica y científica mundial debe ser quien cuide de las comunicaciones académicas en acceso abierto, incluyendo la revisión por pares, el control de calidad y los sistemas de indicadores de evaluación.

(…) Las editoriales académicas comerciales han cuidado bien de las comunicaciones académicas cerradas, han cuidado bien que solo las “mejores” revistas, definido en sus propios términos, se incluyeran en los indicadores de “corriente principal” utilizados para evaluar la producción científica, perpetuando así un círculo vicioso en el cual las voces del Sur

Global, sobre cuestiones relacionadas con las mayores poblaciones del mundo, tienen pocas posibilidades de

expresarse, ser leídos, utilizados sus conocimientos cuando se construyen nuevas investigaciones y se discuten temas prioritarios para un mundo sostenible (Babini, 2014).

Por todo lo expuesto, se requiere que las y los bibliotecarios estemos preparados, precisamente, desde el conocimiento de estos temas, pues nuestra profesión, dentro de lo que podríamos llamar una suerte de “deontología”, está ligada, sin duda, al servicio a la comunidad, al lector, al “usuario”, para posibilitarle el acceso libre a la información y al conocimiento de calidad y en las mejores condiciones posibles, sin ningún tipo de exclusión ni discrimen. La privatización del conocimiento es una forma de exclusión y discrimen, en la que la mercancía se antepone a un derecho humano.

Conviene que el sector bibliotecario del país —y ¿por qué no?, de la región latinoamericana— debata sobre estos temas, en tanto mediadores entre la información y el conocimiento que se hallan en distintos soportes documentales como el libro impreso, el libro electrónico, digitalizado, el articulo virtual y demás modalidades que el mundo de la tecnología ha posibilitado.

Por allí no faltará alguien que sostenga que los libros impresos con los que cuenta el acervo de las bibliotecas en su mayor parte fueron producto de transacciones mercantiles, dado que fueron comprados en el mercado editorial. Ciertamente, así es. Sin embargo, vale aclarar que el libro impreso, al igual que la revista impresa que llega a la biblioteca, se convierte en un bien social que justifica su uso social sin restricciones.

Una forma de restringir el acceso, el uso y disfrute de la información y el conocimiento, por parte de la mayoría de la población ha sido, en el caso de nuestro país, mediante un acto de omisión del Estado, que refleja negligencia e irresponsabilidad. Me refiero a la ausencia de políticas públicas para las bibliotecas, ausencia de legislación, así como ausencia de planes, programas y proyectos de largo aliento en materia de bibliotecas y centros de documentación.