Los miembros de la Comisión que quiere la consulta
1. Víctor Hugo Erazo, representante del Partido Sociedad Patriótica (PSP). 2. Betty Amores, exasambleísta constituyente. Forma parte de la Comisión proconsulta, y elaboró el documento presentado ante la CIDH. 3. José Ayala Lasso, excanciller de la República, conocedor del tratamiento internacional y quien asesoró a los peticionarios. 4. Fanny Campos, coordinadora del movimiento plurinacional Pachakutik. Promovió, aún contra la Conaie, la conformación de la Comisión. 5. Guillermo Lasso, director nacional del Movimiento CREO, organización que impulsa la consulta popular contra la reelección. medio la CIDH podría llamar a las partes a una audiencia y tomar una decisión. Duda que el pronunciamiento vaya por aceptar las medidas cautelares. Cree que habrá un exhorto al Gobierno ecuatoriano para que revise el procedimiento seguido para hacer las reformas constitucionales.
De todas formas, la esperanza de los tres grupos está, por ahora, en la Comisión. Fanny Campos, coordinadora del movimiento indígena, aseguró que Vamos a seguir golpeando las puertas. En nuestro país debe respetarse la democracia. se han terminado con todas las instancias en el ámbito local. “Venimos a pedir que se respeten los derechos de la Constitu- ción, para que no sea cambiada como pretende Alianza PAIS”, dijo la dirigente.
Según Guillermo Lasso, líder de CREO, en la demanda se explica que en Ecuador se está negando el derecho a los ciudadanos a ser consultados, a que sea el pueblo -en las urnasel que tome la decisión sobre los cambios a la Constitución. “No queda más que las instancias internacionales y la calle para defender el derecho de los ciudadanos a ser consultados”, aseveró Lasso.
Betty Amores, exasambleísta constituyente, también es parte de la Comisión proconsulta. Ella explicó los argumentos legales. Se está dejando en claro, dijo, que se violó la Constitución por parte de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien pidió a la Corte Constitucional la aprobación de las enmiendas sin haber tomado en cuenta que la solicitud debió ser aprobada por el pleno de la Legislatura.