Tensión en Morona Santiago por la retención de dos oficiales del Ejército
Los shuar presionan una salida al conflicto minero. Hubo canje de retenidos
Dos militares continúan retenidos por indígenas shuar en la provincia amazónica de Morona Santiago (sureste), donde existe un conflicto minero de proporciones considerables.
El Ministerio de Defensa, que exige “la inmediata liberación” de los uniformados, también reiteró su posición de no negociar en el marco de la “violencia e ilegalidad del accionar de estos grupos”.
Según un comunicado del ministerio, los subtenientes Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño fueron “retenidos” el sábado por nativos shuar de la comunidad de Yunkuapais cuando iban a rescatar a otros dos militares que estaban “secuestrados por los comuneros” desde las 23:00 del viernes, cuando salieron “de civil y desarmados en un bus de la cooperativa Macas” para disfrutar de sus días de descanso.
Rodríguez y Pazmiño eran parte de una patrulla para buscar al sargento Milton Catota y al soldado Jhon Vélez, quienes ya fueron liberados.
“La comunidad shuar de Yunkuapais exigió el intercambio (de Rodríguez y Pazmiño) por los miembros de tropa secuestrados inicialmente”, indicó un comunicado de Defensa.
La nueva retención de militares ocurre varias semanas después de las manifestaciones antimineras que dejaron un policía muerto el 14 de diciembre. Las protestas de los shuar co-
La primera retención El 19 de diciembre, cinco días después del fuerte enfrentamiento indígenamilitar que dejó un muerto, once soldados fueron retenidos por la comunidad indígena shuar de Sarayacu, opuesta a la minería a gran escala en la Amazonía.
El argumento Los indígenas shuar aseguraron, en diciembre, que la retención de los militares se dio en respuesta al estado de excepción decretado por el gobierno. Desde entonces, ellos han exigido su retiro para iniciar un proceso de diálogo. menzaron hace dos meses (noviembre del 2016) contra un campamento de la minera china ExplorCobres (EXSA) en Morona Santiago, que está a cargo del proyecto Panantza-San Carlos.
Por las violentas manifestaciones, que dejaron quince heridos (entre ellos un guardia civil), el presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en la provincia, el cual todavía está vigente.
La posición de los indígenas es que fueron desalojados por la fuerza pública de sus territorios en la provincia amazónica para “dar paso a la explotación minera a cielo abierto” por parte de la compañía EXSA, a la que se oponen con el argumento de que podría causar un grave impacto ambiental.