El lavado de dinero

EDITORIAL

El Ecuador, acaba de ser mencionado por el Gobierno de Estados Unidos como un país vulnerable al lavado de activos. Haciendo síntesis, por tal se conoce a la operación que consiste en hacer que fondos obtenidos de manera ilícita aparezcan como el producto de actividades legales y circulen libremente por el sistema financiero. El término, en cuanto a lavado, tiene su origen en la manera en que las actividades mafiosas en Estados Unidos intentaban borrar ese origen en los fondos, invirtiéndolos para instalar cadenas de lavanderías, servicio de alta rotación de dinero en efectivo que hacía que aquellos obtenidos por vía del contrabando, la prostitución o la venta de licores se mezclaran con los aportados por los clientes. Actualmente son múltiples las actividades lícitas que se utilizan para lavar dinero. Todas ellas tienen en común la alta rotación de recursos pagados en efectivo y cotidianamente, tal cual las cadenas de boticas o las actividades de construcción.

Que ahora, de nuevo el Ecuador esté señalado como un país donde dicha actividad ha crecido, evidencia, como tantos otros hechos, la ausencia de controles orientados a impedir y sancionar determinado tipo de actos ilícitos y la negligencia de las autoridades destinadas a ello. Por supuesto, el también conocido como blanqueo de capitales no es asunto sencillo de contener o erradicar. Depende de muchas circunstancias que no necesariamente pertenecen a la gobernabilidad del régimen de turno.

El propio Gobierno de los Es- tados Unidos no deja de atribuir la señalada circunstancia a la condición de país vecino de dos Estados productores y exportadores de sustancias estupefacientes. Por ello es que el combate a delitos transnacionales como el aquí reseñado o el tráfico de drogas, requieren de cooperación internacional, que va desde el intercambio de información hasta la sofisticación tecnológica necesaria para luchar contra un crimen también altamente sofisticado. Ello debe incluir, por supuesto, el apoyo de las instituciones financieras y el de la ciudadanía en general.

No cabe en cambio como reacción al informe comentado, calificar de ataque imperialista a lo ocurrido y mirar para otro lado. Sabido es que la impunidad y el lavado propician la corrupción, y sabe el Ecuador de los riesgos de todo tipo que ello genera.

Debe reaccionarse adecuadamente, esto es, trabajando para superar tal condición frente a la vulnerabilidad atribuida’.